El 70 por ciento de las subvenciones de la Generalitat valenciana a organizaciones empresariales y sindicatos se repartirán por concurso entre todas ellas y el 15 por ciento de los fondos para cursos de formación estará supeditado a que el alumno consiga empleo.
Así lo establece el anteproyecto de Ley de Participación y Colaboración Institucional de los Agentes Económicos y Sociales, aprobada este viernes por el Ejecutivo que preside Alberto Fabra.
Otra de las novedades de la futura ley es que se eliminan las dietas que cobran los representantes de estas organizaciones por asistencia a las reuniones de los órganos institucionales a los que pertenecen por su representatividad.
A cambio, la Generalitat reconoce a las organizaciones sindicales y organizaciones empresariales el derecho a percibir una compensación económica por esta participación. Esta compensación se articula en un fijo que supondrá el 30 por ciento del presupuesto total de ayudas.
El 70 por ciento restante se tramitará en régimen de concurrencia competitiva atendiendo a los siguientes criterios: empleabilidad, igualdad de género en el trabajo, conciliación de la vida familiar y laboral, integración laboral y social de personas con discapacidad o inmigrantes, entre otros.
Según explicó la consejera de Educación, Formación y Empleo, María José Catalá, en el concurso no se exigirá el criterio de mayor representatividad.
Uno de los criterios preferentes será la inserción laboral de los desempleados que participen en cursos de formación.
Inserción acreditada
Según explicó Catalá, de la cuantía que reciben por un curso de formación, un 15 por ciento dependerá de la "inserción acreditada". Esto supone que por cada uno de los 15 alumnos que no consiga un empleo se minorará un punto la subvención.
La acreditación de este empleo se acreditará con un contrato mínimo de 480 horas en un período máximo de seis meses después de terminado el curso.
