La Generalitat Valenciana no acepta el expediente de regulación de empleo (ERE) presentado por el Ayuntamiento de Alboraya (Valencia) al considerar que no tiene amparo legal, ya que el ERE es un instrumento reservado a las empresas.
El Ayuntamiento de Alboraya, de 22.000 habitantes y gobernado por el PP, había presentado un ERE para despedir a 29 de los 59 empleados públicos -tiene, además, 92 funcionarios-, y argumentaba su necesidad de reducir gastos.
Los sindicatos se habían opuesto al considerar, según el representante de UGT Paco Caballero, que "el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores prevé los despidos colectivos para empresas que estén en el mercado, con el objetivo de asegurar su supervivencia, no para una administración obligada a prestar servicios públicos".
El vicepresidente económico de la Generalitat y responsable del área de Trabajo, Gerardo Camps, ha anunciado este jueves que el expediente no ha sido admitido y que será retirado por el Consistorio de Alboraya. La resolución de la Dirección General de Trabajo no es oficial, ya que la Generalitat está intentando que el Consistorio retire el expediente para no tener que rechazarlo.
