
El Gobierno valenciano presenta el anteproyecto de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2021 sin recoger los nuevos impuestos verdes y el cambio del IRPF que presentó su socio, aunque su tramitación parlamentaria podría introducir cambios.
El aumento de la fiscalidad en plena crisis desatada por la pandemia del covid se ha convertido en uno de los grandes puntos de fricción de los socios del gobierno valenciano de coalición, formado por socialistas, Compromís y Unidas Podemos.
De momento el Consell que preside Ximo Puig ha presentado su anteproyecto de la conocida como Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2021 sin incluir las medidas que Compromís ha reclamado públicamente en Les Corts para el próximo año. Un incremento de las cargas fiscales que choca también con el acuerdo general que Puig alcanzó por la situación de emergencia por el covid y que incluyó también a PP y Ciudadanos, en el que se excluía incrementar esa presión.
Después de que Compromís presentase públicamente su proyecto, el anteproyecto del Ejecutivo de Puig aplaza cualquier medida que pueda parecer una subida de impuestos al menos para el próximo año.
Compromís reclamó modificar el IRPF para incluir nuevos tramos más elevados para las rentas altas y la introducción de impuestos sobre las bebidas azucaradas, los grandes dueños de viviendas y medioambientales.
Tanto la vicepresidenta del Consell, la líder de Compromís Mónica Oltra, como el conseller socialista de Hacienda, Vicent soler, intentaron quitar hierro en la presentación del anteproyecto a la ausencia de estas medidas. Soler aseguró que todos los socios del Botànic comparten "la filosofía" por "la progresividad fiscal" y la ampliación de "la fiscalidad verde", pero dejó claro que su intención no es aplicarlas a corto plazo. "Tenemos toda la legislatura para trabajar y son iniciativas que llevan mucho trabajo de estudio detrás", señaló. "No estamos cerrados a nada, pero decimos que hay que hacer las cosas bien", apuntó el responsable de Hacienda.
Por su parte Oltra, aseguró que para ella la cuestión fundamental es "a quién se sube y a quién se bajan" los impuestos, para defender que lo que su partido defiende más que una subida fiscal es un "reequilibrio".
Pacto presupuestario de fondo
El nuevo tira y afloja entre socialistas y Compromís a cuenta de la política fiscal se produce después de que Ximp Puig y el líder valenciano de Ciudadanos hayan protagonizado un acercamiento de cara a los presupuestos autonómicos del próximo año. La decisión del partido valencianista de alentar precisamente ahora estas medidas fiscales, que Ciudadanos rechaza, parece que busca desactivar esa posibilidad, a la vez que marca distancias con el PSPV de cara al electorado de izquierdas.
Unas diferencias que podrían volver a hacer saltar chispas en la tramitación parlamentaria de la Ley de Acompañamiento, ya que por la experiencia de los años previos finalmente se suelen recoger algunos cambios de última hora para satisfacer a los tres socios del Botànic.
Curiosamente una de las medidas que en los cinco años del Botànic más debate ha generado, la tasa turística, ha sido apartada de las reclamaciones urgentes para 2021 por Compromís, que sí la mantiene para 2022. Unidas Podemos también anunció que aparcaba esa reivindicación por la coyuntura actual, con el turismo internacional prácticamente desaparecido.
Medidas
Sin estos cambios en la fiscalidad, el anteproyecto recoge como principales novedades la introducción de deducciones de 300 euros para familias que habiten en municipios con riesgo de despoblación, ampliables según el número de hijos. Para combatir la despoblación también se introduce una modificación que permitirá que las concesionarias de transporte escolar puedan ofrecer esas líneas en esas zonas rurales a otros usuarios.
Además se introducen deducciones y ayudas a los afectos por ERTE y a la inversión o donación en investigación para combatir el covid.
También se creará un Fondo Autonómico de Economía Circular para financiar proyectos de prevención de residuos, reutilización y reciclaje. Un instrumento que encaja en las reclamaciones de fiscalidad verde de Compromís, ya que prevé financiarse con tasas de vinculadas a residuos.