La propuesta del Ministerio de Fomento de transferir a las comunidades autónomas las competencias para que puedan limitar el sector de las VTC ha tropezado con Madrid y Cataluña. Las dos autonomías más afectadas por el boom de Uber y Cabify (concentran el 65% de todas las licencias VTC de España) no se han mostrado dispuestas a recibir sin condiciones la responsabilidad de solucionar el conflicto desatado por el taxi, que reclama la eliminación de más de 7.100 licencias para recuperar el ratio 1/30. Así, mientras la Comunidad de Madrid se ha negado en redondo a asumir la responsabilidad de regular el sector, la Generalitat ha exigido "recursos" económicos a cambio de hacerse con las competencias regulatorias.
"Pedro Sánchez debe ponerse a trabajar y buscar soluciones al conflicto del taxi y las VTC, en vez de intentar echar balones fuera y trasladar el problema a las comunidades o ayuntamientos cuando saben que eso no es procedente", aseguró el presidente madrileño, Ángel Garrido, en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno regional. "No se puede hacer dejación de funciones. Tiene que haber una normativa nacional, éste es un asunto de alcance nacional, ocurre en todas las comunidades autónomas, por lo tanto no volvamos a los reinos de taifas en esto, como en tantas otras cosas que han resultado francamente mal", apuntó el presidente.
Por su parte, la Generalitat pidió que el traspaso de las competencias sobre la regulación de las licencias VTC se haga con todas las garantías y se acompañe con los "recursos necesarios", según declaró el director general de Transportes del Ejecutivo catalán, Pere Padrosa, aunque el Departamento de Territorio y Sostenibilidad autonómico no quiso concretar el martes la cuantía de esta petición.
En esta línea, el secretario de Infraestructuras y Movilidad del Gobierno catalán, Isidre Gavín, pidió tras una reunión con representantes del sector del taxi que se haga un traspaso "efectivo y pleno" de las competencias y no solo del "problema". La transferencia de este tipo de competencias no tiene asociada una dotación económica, lo que dificultaría llegar a un acuerdo en un primer momento, aunque fuentes cercanas a la Generalitat aseguran que el espíritu del Gobierno regional es aceptarlas para tratar de buscar un marco normativo que asegure la convivencia entre ambos sectores.
Por su parte, la consejera de Infraestructuras de la Xunta de Galicia, Ethel Vázquez, ha asegurado que pueden "abordar transferir competencias, pero no problemas"; y ha insistido en que esta polémica "se soluciona con un marco regulatorio equilibrado y claro". El resto de las CCAA no se han pronunciado oficialmente sobre la propuesta de transferencia de competencias que busca "hacer viable jurídicamente la licencia urbana".
La Generalitat de Valencia todavía no ha tomado una decisión sobre el plan de Fomento, pero fuentes del Gobierno regional explican que "la solución no pasa solo por pasar las competencias". "Hay que regular y fijar un marco común y que la transferencia se acompañe de más cuestiones. El problema es muy difícil de solucionar porque tiene muchas aristas legales", explican fuentes de la Generalitat valenciana.
Así, a pocas horas de que tenga lugar la reunión extraordinaria de la Conferencia Nacional de Transporte, que presidirá el ministro José Luis Ábalos, el ministerio tiene el reto de convencer a las CCAA para mandar un mensaje contundente a los taxistas de que las transferencia de las competencias y las medidas para habilitar una licencia urbana que haga efectivo el ratio 1/30 en todo el territorio es viable a corto plazo y así conseguir que desconvoquen los paros. No en vano, las principales asociaciones de taxistas de la ciudad de Barcelona decidieron mantener al menos hasta el miércoles la huelga, a la espera de lo que se decida en la citada comisión. Los taxistas se plantearán abandonar la huelga si en la reunión del miércoles se decide el traspaso de las competencias sobre las VTC a las comunidades o su cesión al Área Metropolitana de Barcelona.
Para ello, tal y como aseguró el propio Ábalos, se necesita "que las CCAA quieran y los grupos parlamentarios también". Realmente, el Gobierno necesita mayoría absoluta para modificar la ley orgánica 5/1987 de delegación de facultades del Estado en las CCAA en relación con los transportes por carretera, pero el apoyo de las autonomías es fundamental para asegurarse de que van a legislar y de que lo harán en el sentido de "tender hacia el ratio 1/30", tal y como planteó el secretario de Estado Pedro Saura. Es decir, que se compromenten a usar su nueva competencia para habilitar a los ayuntamientos a regular con ordenanzas similares a la aprobada por el consistorio de Ada Colau, ya que si se niegan a regular el sector se aplicaría la ley superior que es la del Estado. El reglamento de Barcelona creó una segunda licencia para impedir que cientos de VTC operaren dentro de la Ciudad Condal, pero fue recurrida por Fomento y la CNMC y suspendida cautelarmente por la Justicia.
En ese punto, desde Fedetaxi han decidido mantener la huelga en toda España hasta que Fomento garantice "el consenso de las CCAA y los partidos de aceptar la modificación de los artículos de la ley 5/1987 y esas competencias se van a ejercer de forma homogénea de modo que el acuerdo debe incorporar si las licencias autonómicas o urbanas se van a remitir a las reglas nacionales o van a tener reglas propias, que incluyan la reducción de las licencias hasta el 1/30".
De todas formas, la solución planteada por Fomento tiene un encaje legal complicado puesto que si se aplican con carácter retroactivo corren el riesgo de vulnerar los derechos adquiridos de las VTC que actualmente operan. A su vez, los criterios para decidir a quién se da la licencia y a quién no pueden ser considerados discriminatorios.
Uber y Cabify, preocupados con la medida
La patronal del sector de las VTC, de la que forman parte Uber y Cabify, ha mostrado su preocupación por la propuesta del Gobierno de introducir cambios regulatorios para transferir las competencias de transporte de viajeros. Esta medida, han destacado, no solo generaría una gran inseguridad jurídica, sino que "podría sentar un precedente muy peligroso en muchos otros sectores de la economía". Así, a Unauto le preocupa que se hagan cambios de ley a petición del taxi.
