La Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas (Aesae) ha recurrido al Tribunal Supremo el Real Decreto 706/2017 -la normativa técnica de las gasolineras- porque en las estaciones desatendidas limita el tiempo y el volumen de repostaje a tres minutos y 75 litros, cantidad inferior a la capacidad de los depósitos de camiones y otros vehículos de gran tamaño, como todoterrenos familiares, bajo sanción de 30.000 euros.
Aesae considera que la disposición -que apareció en el BOE sin referencia alguna durante la tramitación de la norma- atenta contra el libre mercado al impedir los repostajes de volúmenes relevantes en las estaciones desatendidas, perjudicando el negocio de sus asociados.
El presidente de Aesae, Manuel Jiménez, explicó durante una rueda de prensa que el Ministerio de Energía se basó en "una guía británica" que recomienda no exceder los 100 litros por repostaje -eso sí permite llenar el depósito a vehículos pesados- y que "no fue capaz de explicar por qué había optado por fijar 75 litros para España".
Jiménez denunció que con vistas al juicio ha intentado que dos ingenierías de primer nivel elaborasen un informe, pero tras darle un precio, le han dicho que "no tienen tiempo para hacerlo", y que tampoco lo tendrán en el futuro. La Asociación ha entendido que se trata de una práctica colusoria y ha denunciado a las dos ingenierías a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), a la par que ha pedido al Tribunal que designe a un perito.
En la causa, por otro lado, se han personado "siete empresas petroleras de primer nivel y una eléctrica" a favor del Estado.
Jiménez abundó en la falta de fundamento de la restricción -"Una cosechadora de una cooperativa agrícola, con 300 ó 400 litros de depósito, no podría llenarse"- y en que se trata de una práctica habitual de la legislación que les afecta: "Las normas invocan a la protección del consumidor, o a la seguridad, para frenar nuestro modelo de negocio, pero luego no pueden justificar esas invocaciones".
Recordó que Aesae ya apeló a la Comisión Europea contra las normas de varias comunidades autónomas, con éxito, y que reclamará siempre que lo estime oportuno.
Apuntó que España es el tercer país de Europa con el carburante más caro antes de impuestos "por falta de competencia". Y afirmó que sus socios permiten ahorrar hasta 250 euros al año a las familias.
