
El Ministerio de Fomento ha logrado desatascar en los últimos meses la mayor parte de las obras de alta velocidad que estaban paralizadas por discrepancias económicas (modificados) o dificultades técnicas. En unos casos lo ha hecho con acuerdos con las empresas y, en otros, Adif, el gestor de la red ferroviaria, se ha visto obligado a rescindir los contratos. El departamento que dirige Íñigo de la Serna aún trabaja en soluciones para seis obras cuyo importe total se aproxima a los 900 millones de euros y en las que están implicadas empresas como ACS, Acciona, Isolux, Ferrovial, FCC y Comsa.
Al inicio de la legislatura, Adif llegó a contabilizar 68 proyectos paralizados por las disputas con las empresas contratistas que afectan a la mayoría de corredores de Alta Velocidad que España tiene en marcha. "En 2016 ha habido un desmesurado número de proyectos parados desde hace muchos meses que nos ha llevado a tener unos ritmos de ejecución muy lentos", admitía este martes en el Congreso el presidente del gestor ferroviario, Juan Bravo. Desde su nombramiento en noviembre pasado, situó la resolución de estos conflictos como la máxima prioridad. Así, en los últimos meses se han desbloqueado ya 39 expedientes contractuales que generaban suspensiones de obras a través de la firma de continuaciones provisionales.
En 23 casos, sin embargo, no se ha podido alcanzar un acuerdo para implementar los modificados y Adif ha optado por rescindir los contratos. La compañía lanzará próximamente nuevas licitaciones que solventarán las incidencias técnico-administrativas que han obligado su resolución y que en muchos casos deriva de las excesivas bajas con que se adjudicaron. Con ello, Fomento ya solo tiene seis expedientes pendientes. Se trata, en todo caso, de contratos con presupuestos relevantes que, en conjunto, suman 888 millones. De ellos, tres se ubican en Cataluña, uno en Extremadura, uno en Asturias y otro en Galicia.
Adif está trabajando intensamente para que en el corto plazo pueda alcanzar una solución, bien con un acuerdo de modificado, bien con la rescisión, y permitir así el desbloqueo completo de la red de Alta Velocidad. De las seis obras aún paradas, la de mayor presupuesto es la relativa a la construcción de la estructura de la Estación de La Sagrera, en Barcelona, que fue adjudicada en 2010 a la UTE formada por Dragados (ACS), Acciona, Comsa y Acsa por 366,4 millones. También negocia por los accesos de la nueva estación de la Ciudad Condal que ganó en el mismo año un consorcio integrado por Rubau, Copisa, FCC y Ferrovial por 222,8 millones.
Sin salir de Cataluña, el gestor trata, asimismo, de alcanzar un entendimiento con la UTE encargada de la construcción de la plataforma de vía del tramo Sagrera-Nudo de la Trinidad, en el sector Sant Andreu. El contrato se adjudicó a Acciona y Copcisa por 177,4 millones en el año 2008.
Otro tramo sin resolver es el de Portocamba-Cededelo, en la conexión a Galicia, cuyos adjudicatarios fueron Dragados, Tecsa, Sogeosa y Obras Llorente en 2012 por 93,6 millones. De igual modo están suspendidas las obras en el acceso a Mérida, en Extremadura, en el tramo entre Cuarto de la Jara y Arroyo de la Albuera. Corsán-Corviam (Grupo Isolux) es la responsable de este proyecto, concedido en 2014 por 16,5 millones. Tampoco hay acuerdo aún por el contrato para el montaje de vía de la variante de Pajares, en el tramo Túneles de Pajares-Pola de Lena del AVE a Asturias. En este caso, el concurso lo ganó Dragados por 9,3 millones.
Atacar las bajas
En cuanto a los contratos rescindidos y que serán relicitados próximamente, figuran, entre otros, los cuatro tramos del nudo de Bergara de la línea de Alta Velocidad al País Vasco, la Y vasca, que habían sido adjudicados en 2014 y 2015 a Acciona, Isolux Corsán y Comsa por 204 millones; el enlace Atxondo-Abadiño, también en la Y vasca, ganado por OHL por 68,7 millones; el de Pulpí-Cuevas de Almanzora (Almería), en el corredor mediterráneo, concedido a Sacyr por más de 40 millones; el tramo San Rafael-Cuarto de la Jara, en el acceso a Mérida (AVE Madrid-Extremadura), adjudicado en 2015 a Vías y Construcciones, filial de ACS, por 18 millones; y el contrato para la adecuación de vía y catenaria al ancho internacional en la conexión entre Castellón y Vandellòs, entregado por 21,4 millones al grupo que preside Florentino Pérez.
Desde su aterrizaje en Fomento, De la Serna se embarcó en el objetivo de cambiar los modelos de contratación para restar peso al precio. Con ello busca evitar que se produzcan bajas al borde de la temeridad y, en consecuencia, que se desaten las disputan por modificados, como ha ocurrido con Adif.
No en vano, el gestor ferroviario ha sido el primer ente de Fomento que ha dado el paso de cambiar los pliegos de contratación, de forma que ahora, en el caso de las obras, la oferta económica supone el 60%, frente al 70% anterior, y la propuesta técnica el 40% -frente al 30%-. Para la redacción y diseño de proyectos (ingeniería), la proporción se ha limitado al 51%-49%.