Los bancos acreedores de TP Ferro, la sociedad que gestiona la línea de alta velocidad entre Figueres (España) y Perpignan (Francia) y que entró en concurso hace un año, votarán el próximo 15 de septiembre el convenio para reestructurar la deuda, superior a los 400 millones de euros, que la empresa participada a partes iguales por ACS y la constructora francesa Eiffage presentó al juzgado de lo Mercantil de Gerona el pasado mes de junio.
De acuerdo con distintas fuentes financieras, la propuesta no recibirá el respaldo suficiente por partes de los acreedores (la ley exige el 75% de la deuda), lo que abocará a la concesionaria a la liquidación y a los Estados de España y Francia a asumir la operación de la línea.
TP Ferro trasladó su propuesta de convenio al juez Hugo Novales a mediados de junio con el rechazo de los bancos. El magistrado la admitió a trámite en julio, pero en estas semanas la distancia entre la posición de la empresa y la de los bancos, que están capitaneados por ING, BBVA, Bankia y Santander (integrados en el G-4 bancario) apenas ha variado. "El proceso está en punto muerto y a la espera de la resolución del contrato", explican desde una de las entidades implicadas.
En un inicio, lideraba este grupo bancario RBS, con el mayor porcentaje, pero el banco escocés ha traspasado su deuda con fuertes descuentos y ya no figura entre los acreedores. Ha seguido el camino de otras entidades como Bank of America. Avenue, BlueMountain y Neuberger Beman son algunos de los fondos que han comprado con descuentos del 90%.
La posición de los bancos sólo podría cambiar si ACS y Eiffage consiguen convencer a los gobiernos español y francés para que aporten capital en la infraestructura. La última propuesta de TP Ferro consistía en una inyección pública de 80 millones y la prolongación de la concesión en 25 años (hasta 2082). Asimismo, las entidades financieras tendrían que aplazar diez años el vencimiento de la deuda y capitalizar dos terceras partes (casi 300 millones).
Ahora bien, las posturas internas de los bancos también difieren entre sí, ya que algunos de ellos cuentan con derechos privilegiados a la hora de cobrar. Además, llegada la liquidación, lo previsible es que se activará un mecanismo similar a la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA), dirimida en un arbitraje internacional, por lo que algunos de los acreedores prefieren aguardar a ese proceso a asumir ya quitas y aplazamientos.
El precedente del Castor
Según fuentes conocedoras del proceso, las constructoras española y francesa han intensificado en las últimas semanas los contactos con las Administraciones para tratar de llegar a un acuerdo que, a su vez, facilite el apoyo de los acreedores. Esta vía, sin embargo, y tras más de dos años de negociaciones, se antoja "muy difícil de conseguir", máxime en el momento político actual que viven España, sobre todo, y Francia, donde se acaba de dar el pistoletazo de salida en la campaña de las elecciones generales.
Con un Gobierno interino y ya sin Ana Pastor al frente del Ministerio de Fomento, que en julio salió rumbo al Congreso de los Diputados -el ministro de Justicia y exsecretario de Estado de Infraestructuras, Rafael Catalán, ha asumido el mando en funciones-, la capacidad del Ejecutivo para tomar decisiones de esta envergadura es mínima.
La propia Pastor, además, hizo bandera con que en ningún caso el Gobierno rescataría la concesión -lo dijo en mayo, por última vez- del túnel del Pertús. Gestionada por ACS, la compañía que preside Florentino Pérez aparece así implicado en un nuevo conflicto con la Administración, después de lo ocurrido con el almacén de gas Castor, por el que recibió una indemnización de 1.350 millones por parte del erario público.
Antes de presentar la propuesta de convenio en junio, TP Ferro solicitó al juzgado una prórroga de un mes para la celebración de la junta de acreedores -hasta mediados de octubre-, pero ante la ausencia de respuesta por parte del juez, la compañía decidió retirar la solicitud. Con ello pretendía ganar tiempo para intentar acercar posturas, con la esperanza de que a día de hoy ya habría un gobierno en España.
Si en las próximas dos semanas no hay ningún paso al frente, la junta de acreedores certificará la liquidación de TP Ferro. Será el juez, no obstante, quien articule el calendario para ejecutar el traspaso a los Estados de España y Francia de la titularidad de la concesión que, en cualquier caso, seguirá operativa. Así lo reiteran fuentes oficiales de Fomento: "Tanto el Gobierno de Francia como el de España han acordado que en ningún caso se va a interrumpir el servicio".
La intención del Ministerio, en todo caso, es retrasar lo más posible el desenlace. Para ello, y como ya ha hecho con las autopistas de peaje (radiales) en concurso de acreedores, utilizará todas las armas legales a su alcance. En este sentido, cabe esperar que la Abogacía General del Estado presente un recurso.
La liquidación implicará la nacionalización de la línea de alta velocidad que gestiona el túnel del Pertús. España y Francia llevan más de un año negociando las condiciones. El planteamiento que está sobre la mesa es la creación de una sociedad participada por Adif y su homólogo galo RFF, como adelantó este diario el verano pasado. Otra opción es que cada una de estas entidades públicas gestione la parte correspondiente a cada país del tren.
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