El gestor ferroviario Adif ha rebajado una tercera parte el importe de los proyectos adjudicados irregularmente, de forma que al cierre del tercer trimestre de 2015 sumaban 97,5 millones de euros, un 34,6% menos que los 149,1 millones que acumulaba en marzo del año pasado.
Las anomalías, detectadas por la Dirección de Auditoría Interna de la sociedad pública en el último trimestre de 2014 y el primero de 2015, corresponden fundamentalmente a obras abonadas (certificadas) en 2010 y 2011, cuando el gestor ferroviario estaba dirigido por Antonio González Marín -recientemente nombrado por la Junta director general de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía- que no cumplieron finalmente los requisitos legales.
La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y la auditora Grant Thornton incluyeron en las cuentas de Adif Alta Velocidad un comentario adicional relacionado con estos incumplimientos normativos, de modo que aprobaron el informe, aunque con salvedades.
En concreto, las irregularidades se produjeron, de un lado, por la realización de anticipos a favor de proveedores de inmovilizado al margen de los supuestos y requisitos previstos en las normas legales, de forma que Adif había expedido certificaciones por importe superior al de la obra realmente ejecutada, según explican fuentes del gestor ferroviario. Esto ocurrió principalmente en contratos de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona-Frontera francesa y está relacionado con la Operación Yogui, como informó en su momento eldiario.es.
De acuerdo con la compañía, estos hechos se pusieron en conocimiento de la Intervención Delegada de la Administración del Estado (IDAE) de la Fiscalía General del Estado, por si pudiesen ser constitutivos de infracción penal, en noviembre de 2014. En esta línea, Adif, que en 2013 había ampliado las funciones de la Dirección de Auditoría Interna, inició mecanismos para regularizar situaciones y evitar su repetición.
Las irregularidades también incluyen la ejecución de obras de infraestructura sin la necesaria cobertura legal, de modo que "se detectó que existía una mala práctica, consistente en continuar la ejecución de unas obras cuyo proyecto está siendo objeto de modificación antes de que se apruebe dicha modificación o se autorice la continuación provisional de las obras", explican desde el gestor ferroviario que hoy preside Gonzalo Ferre.
En este apartado figuran, entre otras, obras de "extraordinaria urgencia y necesidad, que no pueden preverse con antelación y cuya ejecución no admite demora". Estas anomalías también se comunicaron a la IDAE y, de igual forma, se puso en marcha un plan de acción para que no se ejecuten nuevas obras sin la correspondiente cobertura contractual. En la misma línea, se ha procedido tanto a su regularización administrativa como a su reconocimiento contable.
Continúan los trabajos
Las actuaciones de la Auditoría Interna, por tanto, han permitido aflorar las irregularidades en la contratación de obras por parte de Adif. La investigación continúa, por lo que aún podrían descubrirse nuevas situaciones que deberán incorporarse a las cuentas del gestor ferroviario, con lo que la cifra podría llegar a aumentar. Ahora bien, en paralelo, Adif Alta Velocidad trabaja en la regularización de estas anomalías, lo que ha permitido que en apenas seis meses el importe se haya rebajado en una tercera parte (de 149,1 millones a 97,5 millones).
