El Ministerio de Fomento ha decidido tirar por la calle de en medio para solucionar el profundo conflicto que enfrenta a Aena, gestor aeroportuario español cotizado en bolsa desde febrero, y la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC), en torno a las tarifas aeronáuticas de 2016 y los años siguientes.
El departamento que dirige Ana Pastor va a impulsar un cambio legislativo, que quedará recogido previsiblemente en la ley de presupuestos del próximo año, para eliminar la obligatoriedad vigente actualmente de que Fomento tenga que atenerse en todo caso a lo que diga la CNMC en relación a las tasas aeroportuarias.
Esta obligación, contenida en la disposición transitoria cuarta de la ley de medidas urgentes para la competitividad, el crecimiento y la eficiencia de 2014, fue una concesión a la CNMC antes de que Aena saliera a bolsa. Pero, ahora, se ha convertido en un callejón sin salida en el marco de ese enfrentamiento. Fomento apoya la congelación de tarifas de Aena, que la empresa firmó con el sector aéreo español para una década el pasado ejercicio.
Precisamente ayer, Aena informó a la CNMV de que Competencia había contestado a su propuesta de tarifas para 2016 -que incluía su congelación- insistiendo de nuevo en que deberían de bajar. En concreto, un 3,5%. La reducción de los peajes aeroportuarios que Aena cobra a las aerolíneas era una exigencia clave del dictamente de la CNMC de abril: pedía reducirlas hasta un 8% entre 2016 y 2018, empezando ya el año que viene con una bajada del entorno del 3%.
Tras la resolución de la CNMC, Aena tiene ahora diez días para presentar alegaciones, en las que mantendrá su postura de congelar esas tarifas. Fuentes de Aena señalaron ayer que una bajada de tarifas aeroportuarias del 3,5% supondría una rebaja del mismo porcentaje en el ebitda (beneficio antes de intereses, amortizaciones e impuestos) de la compañía para 2016.
Decisión
Tras esos diez días, tanto la propuesta del gestor de los aeropuertos como la de la CNMC serán enviadas al ministerio de Fomento. El departamento que dirige Ana Pastor será entonces quien dirima qué propuesta es la que se incluye en la ley de Presupuestos del próximo año. Con el cambio legislativo previsto, Fomento enviará a Hacienda, para su inclusión en las cuentas del próximo año, la propuesta de congelación.
Junto a todo ello, y en lo que a la pugna entre Aena y la CNMC por el dictamente de abril se refiere, se ha producido un movimiento judicial relevante. Enaire, la sociedad pública dependiente del ministerio de Fomento que posee el 51% de Aena, se ha sumado a The Children Investment Fund (TCI), el segundo mayor socio de la empresa, y a la propia Aena, y ha presentado el tercer recurso ante la Audiencia Nacional contra ese dictamen.
Enaire interpuso el recurso ante la Audiencia Nacional el pasado 23 de junio, según fuentes de Fomento consultadas por este diario, sólo veinte días después de haber rechazado hacerlo. TCI así lo solicitó implícitamente en la junta de accionistas de Aena del 3 de junio, punto que fue rechazado con el voto en contra de Enaire.
TCI incluyó en el orden del día de esa junta dos cuestiones clave. Primero, solicitaba emprender acciones "contra cualesquiera otras resoluciones de la CNMC que pudieran afectar negativamente el actual sistema regulatorio de cálculo de tarifas aeroportuarias". Además, se instaba al Gobierno a evitar que la CNMC "asuma funciones fuera de su ámbito de competencia o contrarias al marco regulatorio vigente en materia de tarifas".
Enaire votó en contra de este punto, rechazando así emprender acciones legales propias, al entender que el recurso de Aena ya contaba con el respaldo de su consejo de administración, controlado por la propia Enaire. Las fuentes del departamento que dirige Ana Pastor señalan que la presentación del recurso por parte de Enaire no es contradictorio con el voto contrario a TCI en la junta, ya que la decisión de recurrir estaba tomada por parte de Enaire desde antes de la reunión con los accionistas. "Es una acción de respaldo a las otras dos", según estas fuentes.
Además de este recurso, un signo evidente del desacuerdo de Enaire con la CNMC, y por extensión del conjunto del ministerio de Fomento, fue el nombramiento a final de mayo de Ángel Luis Arias como nuevo director general de la empresa pública. Arias, que venía ocupando el puesto de director de Aviación Civil de Fomento, fue el responsable del duro documento contrario al dictamen de la CNMC que el ministerio presentó como alegaciones al mismo. El ente que vela por la Competencia no lo tuvo en cuenta.
El recurso presentado por TCI, base para los otros dos, está respaldado por un informe de RBB Economics que, entre otras cuestiones, estima que la aplicación a largo plazo de los criterios estipulados por la CNMC provocaría un descenso en el valor de la compañía de mil millones.
En paralelo, TCI también encargó un informe de urgencia a Miguel Jerez, profesor de Econometría de la Universidad Complutense, quien concluyó: "La metodología de imputación propuesta por la CNMC se apoya en un ejercicio de modelización econométrica opaco, con numerosas deficiencias técnicas y que produciría resultados imprecisos y frágiles en su aplicación".
