Transportes

La patronal de autobuses planea recurrir los concursos

  • Fomento prevé dar un mayor peso a las ofertas económicas

La patronal de empresas de transporte en autobús Asintra ha enviado una carta al Ministerio de Fomento en la que advierte que están dispuestos a recurrir los pliegos de los concursos que el Gobierno espera sacar en las próximas semanas, al considerar exagerada la valoración que se quiere dar a la oferta económica en detrimento de otros puntos como la modernización de las flotas o la calidad de las mismas.

Las líneas que se van a licitar por Fomento en un primer momento son Madrid- Avila, Madrid-Plasencia, Madrid-Zaorejas y Badajoz-Sevilla, a las que seguirán otras veinte este mismo año.

La intención del departamento de Ana Pastor de incrementar la valoración de las tarifas en el peso de los concursos supone una situación que las compañías no consideran adecuada, ya que puede suponer una merma en el servicio para una reducción de tarifas que será leve o que incluso puede provocar una guerra de ofertas temerarias.

Cambio radical

Las compañías, además, temen que un cambio radical en los pliegos existentes pueda suponer desestabilizar otros mercados de transporte en autobús, más allá de las lineas de transporte regular que dependen del Ministerio.

La adjudicación de lineas puede liberar una importante cantidad de autobuses, que serán reubicados en otros mercados y pueden provocar una situación delicada.

La intención del Ministerio de Fomento es licitar 24 líneas al año, con la intención de finalizar toda la renovación de líneas en el año 2018.

Recurridos en 2011

Los pliegos de estos concursos ya fueron recurrridos en 2011 por Globalia para facilitarse el acceso a los mismos, pidiendo la nulidad de una cláusula que daba prioridad a los que ya estuvieran y otra que obligaba a la subrogacion de las plantillas. Asimismo, los juzgados también consideraron que los anteriores quince puntos de la oferta económica eran insuficientes.

Fomento explicó que en los pliegos de los concursos se potenciará la seguridad en la prestación del servicio, al tiempo que se incluirán criterios de solvencia profesional y económica y se impondrá un canon que pagara el adjudicatario en función del beneficio que obtenga.

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