El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha identificado 54.728 anuncios adicionales de viviendas turísticas en Airbnb que no incluyen el número de registro obligatorio, en cumplimiento de la normativa estatal en vigor desde el pasado 1 de julio. Esta nueva detección se produce después de que la plataforma eliminara ya cerca de 65.000 anuncios sin licencia que habían sido requeridos previamente por el Ministerio.
Según ha informado el departamento que dirige Pablo Bustinduy, los nuevos casos no coinciden con los anteriormente notificados y serán trasladados a la compañía para que proceda a su retirada o a su subsanación, en línea con el procedimiento previsto en el ordenamiento legal vigente. El archivo recopilado por la Unidad de Análisis de Consumo incluye, además del número de registro ausente, datos relevantes como el tipo de alojamiento (habitación o vivienda completa), su ubicación geográfica (localidad, provincia y comunidad autónoma) y la información pública del anfitrión.
Estas actuaciones se enmarcan en la estrategia del Ministerio para controlar la legalidad de la oferta de alquiler turístico en plataformas digitales, y garantizar el cumplimiento de las nuevas obligaciones introducidas con la ventanilla única digital y el registro estatal, recogidos en el Real Decreto 1312/2024 y el Reglamento (UE) 2024/1028.
Bustinduy ha defendido públicamente que la prioridad del Ministerio es "garantizar el derecho constitucional a la vivienda por encima de los beneficios de las grandes multinacionales", en un contexto de creciente presión institucional sobre el mercado del alquiler turístico.
Además del proceso iniciado con estos dos bloques de anuncios, Consumo mantiene abiertos varios frentes en paralelo. En diciembre de 2024 abrió un expediente sancionador contra Airbnb por mantener anuncios presuntamente ilegales pese a haber sido requeridos para su retirada. Desde entonces se han tramitado otras dos resoluciones adicionales, una dirigida a grandes gestoras de viviendas turísticas y otra contra agencias inmobiliarias por posibles prácticas abusivas.
Las infracciones detectadas por Consumo incluyen la ausencia del número de licencia, la omisión de la naturaleza jurídica del arrendador (empresa o particular) y, en algunos casos, la utilización de registros falsos o inexistentes, lo que puede inducir a error al consumidor. Estas prácticas podrían constituir infracciones graves con sanciones de hasta 100.000 euros, ampliables hasta seis veces el beneficio obtenido.
Airbnb, por su parte, llegó a negar que todas las viviendas anunciadas requieran número de registro y acusó al Ministerio de aplicar una metodología indiscriminada. La empresa sostenía que no es proveedor de servicios de alojamiento, sino de servicios digitales, y que cumple con la normativa europea sobre intermediación de contenidos.
Por ello, judicializó en varias ocasiones tanto el expediente sancionador como las reclamaciones del Gobierno, hasta que en mayo se pronunció en su contra el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, lo que les ha hecho cambiar de estrategia.
En consecuencia, Airbnb y el Ministerio de Vivienda alcanzaron este mes un acuerdo para que, desde agosto, la plataforma remita información mensual sobre los anuncios activos y retire aquellos que presenten irregularidades, previa notificación a los anfitriones. El sistema de carga de datos también se está modificando: pasará de un único cajetín para el número de registro a dos campos diferenciados, uno para el registro nacional y otro para el autonómico.