Bilbao
Más de un año después de haber bloqueado las tres ofertas extranjeras que recibió Talgo para comprar la compañía, sus accionistas minoritarios, que concentran un 70,3% del capital, critican la operación actual coordinada entre el Gobierno de España y el Gobierno vasco, al considerarla una "OPA encubierta", ya que de llevarse a cabo con las últimas condiciones que hay sobre la mesa, la suma de participaciones del consorcio vasco (29,7%) y la SEPI (7,8%) sumarían un 37,5% del accionariado total, superando el 30% establecido por la Ley del Mercado de Valores y el Real Decreto 1066/2007, lo que implica "la obligación legal de lanzar una OPA al resto de accionistas", advierten.
Sin embargo, no se ha anunciado tal operación, dejando en el aire, lamentan, "la indefensión de más del 60% de los accionistas minoritarios, sin acceso al mismo precio ofrecido al bloque mayoritario". Por eso exigen que se pronuncie la CNMV, que, hasta el momento, guarda silencio a la espera de conocer los detalles definitivos de la operación, que aún debe ser aprobada por todos los agentes involucrados.
Mientras tanto, Talgo sigue padeciendo esta situación "de incertidumbre y deterioro". Desde su valoración en 620 millones de euros, a razón de 5 euros por acción, por el consorcio húngaro y por el fondo estatal polaco el pasado año, su valor en Bolsa se ha desplomado hasta los 2,9 euros por acción, lo que equivale a una capitalización de apenas 360 millones de euros, es decir, una pérdida de 260 millones frente a las ofertas rechazadas.
Los accionistas minoritarios no entienden que el Gobierno de España activase el "escudo anti-OPA" y desechase estas ofertas, económicamente más ventajosas, alegando razones de "seguridad nacional" por tratarse de un sector estratégico. No obstante, consideran que se ha dejado pasar el tren al renunciar a la propuesta polaca, que incluía un ambicioso plan industrial para lograr un incremento del 50% en los niveles de producción de la histórica compañía de fabricación de trenes, así como la creación de 600 nuevos empleos.
"A estas alturas, además, cualquiera de esas ofertas podría haberse materializado ya, lo que permitiría ganar tiempo para responder a los pedidos en plazo y calmar a los mercados de cotización con un plan de futuro para garantizar la viabilidad industrial de Talgo", inciden y se preguntan "si realmente se ha protegido la empresa o se ha privado a sus accionistas de una salida más favorable".
La alternativa vasca como "solución"
Tras el freno a estas propuestas y la elección de la alternativa vasca presentada por el consorcio liderado por Sidenor con la participación del Gobierno vasco y las Fundaciones BBK y Vital como solución al problema, éste sigue sin resolverse, provocando una demora que no hace si no profundizar en la pérdida de valor bursátil de la compañía, abrir nuevos interrogantes sobre su futuro y generar dudas legales sobre el control de su accionariado.
El pasado mes de febrero el consorcio vasco firmó un preacuerdo con el fondo Trilantic para adquirir un 29,7% de Talgo con un precio pactado de 4,15 euros al contado y 0,85 euros diferidos por acción, muy próximo al ofertado inicialmente por los polacos.
Pero este mismo mes, el respaldo financiero que analiza la operación ha exigido una inyección de capital de 150 millones para refinanciar la deuda de la compañía que inicialmente se comprometió a avalar el Estado. Es entonces cuando el Gobierno vasco, a través de la sociedad Ekarpen, llevó a cabo un nuevo movimiento para desbloquear la operación y anunció su aportación de 75 millones de euros en forma de obligaciones convertibles para contribuir a sanear su situación financiera.
Ahora el Gobierno de España ha detalla su participación a través de la SEPI y su previsión de realizarla en dos fases. En primer lugar aportaría 45 millones como ampliación de capital, lo que se traduce en 4,20 euros por acción, lo que le daría acceso directo al 7,8% del capital, y en una segunda fase emitiría 30 millones en crédito convertible, el cual, si no resultase saldado también se convertiría en capital en el futuro. Con ello, el Ejecutivo central valora ahora la empresa en 521 millones de euros, muy por encima de su cotización real de mercado, que actualmente ronda los 360 millones.
Pérdida de valor
La intervención pública ha generado una pérdida en valor de 260 millones de euros, según los cálculos de los analistas, que advierten de que, pese a la movilización institucional y financiera, los problemas estructurales de Talgo no han sido abordados, ya que "la gobernanza sigue tensionada, la capacidad productiva limitada, los resultados empresariales son negativos y la deuda sigue condicionando su futuro".
Y se preguntan si no hubiera sido preferible aceptar la OPA polaca estableciendo entre las condiciones el mantenimiento del empleo, la sede técnica en Euskadi, inversiones garantizadas y participación de un grupo industrial vasco, como Sidenor, en el capital de la compañía.