Valladolid
Las Cámaras de Comercio de Castilla y León han mostrado "su profunda preocupación y rechazo" ante la decisión unilateral de Renfe de suprimir las paradas del tren de Alta Velocidad en Segovia, Medina del Campo y Puebla de Sanabria, con el argumento del interés común. Consideran que la medida perjudica gravemente el desarrollo económico y social de nuestras localidades y se expondrá esta situación ante la Comisión Europea.
Para el Consejo Regional de Cámaras, "las estaciones afectadas han sido y deben seguir siendo nodos esenciales de comunicación, facilitando el acceso de ciudadanos, empresas, trabajadores y turistas a redes de transporte eficientes y competitivas. La eliminación de estas paradas supone una merma en la conectividad de nuestras ciudades, limitando las oportunidades comerciales y turísticas, afectando negativamente a nuestras empresas y reduciendo la movilidad de nuestros habitantes".
En su opinión, la medida supondrá una pérdida de competitividad empresarial ya que la conectividad ferroviaria es clave para el desarrollo de sectores como el comercio, la hostelería y el turismo. "La supresión de estas paradas afectará a cientos de negocios locales que dependen del flujo de viajeros", afirma.
Asimismo, considera que la eliminación de las paradas afectará a cientos de trabajadores que dependen del AVE para sus desplazamientos diarios. Muchos empleados que viven o se desplazan en otras ciudades podrían verse obligados a abandonar la localidad ante la falta de opciones de transporte adecuadas.
La reducción de opciones de transporte afecta directamente a la calidad de vida de los ciudadanos, limitando su acceso a oportunidades laborales y educativas, y aumentando la dependencia del transporte privado, con el consiguiente impacto ambiental y económico.
Se produce además un agravio comparativo respecto a otras regiones ya que mientras otras Comunidades Autónomas han visto reforzada su red de Alta Velocidad, Castilla y León sufre una reducción de servicios que afecta directamente a su desarrollo. Esta medida supone una discriminación territorial que debe ser revisada en instancias europeas.
Ante los graves perjuicios que esta decisión conlleva, las Cámaras de Comercio trasladarán su malestar ante la Comisión Europea, ya que atenta contra los principios de cohesión territorial y equidad en el acceso a infraestructuras. En ella, se solicitará una revisión y revocación de esta medida, asegurando que las políticas de transporte del país se alineen con los principios fundamentales de movilidad, desarrollo regional y sostenibilidad promovidos por la Unión Europea y se trabaje en una estrategia que refuerce la conectividad ferroviaria en nuestra región, contribuyendo al desarrollo y equilibrio de nuestro tejido productivo.
Equidad territorial
El Consejo de Cámaras recuerda que Renfe ha planteado a las diputaciones y a la Junta de Castilla y León la posibilidad de cofinanciar estos servicios. "Sin embargo, esta justificación resulta un despropósito, ya que la Alta Velocidad es un servicio de interés general que debe garantizarse con criterios de equidad territorial y cohesión social. La financiación de infraestructuras estratégicas debe responder a una planificación nacional y europea que asegure la accesibilidad para todos los ciudadanos".
Por último, concluyen que la Alta Velocidad no debe ser un privilegio reservado para unos pocos, sino una herramienta de vertebración territorial y progreso. En este sentido, instan a Renfe a abrir un diálogo con los actores locales y empresariales para encontrar soluciones que garanticen una movilidad sostenible e inclusiva.
"Las Cámaras de Comercio reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo económico de la Comunidad y con la defensa de los intereses de empresas y ciudadanos. No podemos permitir que decisiones unilaterales afecten a la competitividad de nuestro territorio ni al bienestar de nuestros habitantes".