Madrid
La escena se repite ciudad tras ciudad: flotas de patinetes eléctricos retiradas de la vía pública, concesiones anuladas, normativas cada vez más restrictivas. Lo que hasta hace apenas tres años era un modelo de movilidad urbana en expansión hoy parece vivir un repliegue. Mientras algunas ciudades europeas apuestan por regular e integrar los Vehículos de Movilidad Personal (VMP), en España muchas capitales autonómicas están optando por su eliminación. ¿Qué está ocurriendo?
Madrid, Sevilla, Zaragoza, Valencia, Bilbao, Málaga y Barcelona figuran entre las ciudades que han decidido prescindir del servicio de alquiler de patinetes eléctricos. Las razones varían, pero los argumentos más repetidos son los problemas de estacionamiento indebido, los riesgos para peatones y la preocupación por incendios vinculados a las baterías.
En Sevilla, el ayuntamiento decidió en marzo cerrar el servicio por su escasa utilización y por el elevado número de infracciones. En Madrid, la medida se justificó por el incumplimiento sistemático de las condiciones de seguridad por parte de las operadoras. En Zaragoza, el contrato vigente no se renovará a partir de junio. En Valencia y Bilbao, la retirada ya está en marcha.
Barcelona, pese a su tradición de apoyo a la movilidad sostenible, también ha endurecido su normativa. Desde 2023 está prohibido subir patinetes al transporte público, y desde febrero de 2025 es obligatorio el uso del casco. En una reciente campaña policial, el 92% de las 2.600 sanciones impuestas a usuarios de patinetes se debieron a la ausencia de este elemento de seguridad.
La posición del sector: "una retirada irracional"
Gorka Pradas, portavoz de la Federación Española de Vehículos de Movilidad Personal, considera que estamos ante una retirada "sin base técnica". "Los patinetes no están explotando en masa en los transportes, no hay estudios que avalen estas prohibiciones, y sin embargo se está coartando la libertad de movimiento de millones de personas, muchas de ellas con pocos recursos", denuncia. Según sus datos, el uso del patinete se ha convertido en una herramienta básica para muchos trabajadores y trabajadoras, especialmente mujeres.
Aurora, presidenta de la federación, coincide en que los riesgos se han sobredimensionado. "Ha habido dos incendios documentados en España, en 2021 y 2023, ambos vinculados a baterías manipuladas y en proceso de carga. No son accidentes aleatorios, sino casos concretos derivados de un mal uso o de modificaciones no autorizadas", señala.
Una visión compartida desde dentro del sector privado. Arnau Pérez Valero, director de Public Affairs para Iberia en Lime, sostiene que la retirada de patinetes puede suponer una regresión en la movilidad urbana sostenible. De hecho, subraya que en ciudades como Madrid, donde el Ayuntamiento no prorrogó la autorización de Lime Bike pese al buen desempeño, se está desaprovechando una solución con alta aceptación social y contribución ecológica.
Pérez Valero advierte de que decisiones municipales de este tipo condicionan la colaboración público-privada en movilidad.
Un marco regulador desordenado
Uno de los principales problemas que identifica el sector es la falta de armonización normativa. "En Vitoria es obligatorio el casco; en el municipio de al lado, no. Hay ciudades que exigen seguro, otras que lo prohíben... Es un caos absoluto", explica Pradas. "Necesitamos una normativa nacional clara, que equipare el patinete a la bicicleta y que sea sencilla de entender".
Desde la federación reclaman tres pilares: una regulación unificada, una equiparación legal con la bicicleta y normas adaptadas a la realidad. Aurora apunta a la necesidad de permitir el acceso al transporte público con VMP y revisar la prohibición de circular por tramos interurbanos. "La combinación de patinete y transporte público es la única alternativa real al coche privado", afirma.
Baterías: entre la alarma y la innovación
La alarma por los incendios ha sido uno de los argumentos más utilizados por las administraciones. Pero según los portavoces del sector, el riesgo real es mínimo. "No explotan como algunos creen. Se trata de un fenómeno de deflagración, similar al de un teléfono móvil", explica Pradas.
Lime también defiende su historial de seguridad. Según Pérez Valero, la movilidad compartida nunca ha registrado un accidente mortal en España, y los patinetes presentan menos accidentes graves que las bicicletas. En 2023 se redujeron los siniestros un 48 %, con solo un 0,007 % de los viajes terminados en incidente.
Mientras tanto, el sector trabaja en soluciones de futuro. La federación, a través del clúster CLIMB, impulsa el desarrollo de patinetes con baterías de estado sólido, mucho más seguras.
El aparcamiento indebido ha sido otro de los argumentos esgrimidos para su retirada. Aurora recuerda que bastaría con anclajes fijos, como en los sistemas de bicicletas. En línea similar, Pérez Valero reclama más puntos de estacionamiento específicos e infraestructuras ciclistas adecuadas, preferentemente en calzada.
"El orden urbano es prioritario: no puedes llegar a casa de alguien y ponerla patas arriba", resume el directivo de Lime, quien insiste en que una infraestructura bien planificada reduce los problemas de convivencia.
El riesgo de una oportunidad perdida
Según los datos de la federación, hay más de siete millones de patinetes en circulación en España. El 15% de los hogares tiene al menos uno. "No estamos hablando de un capricho pasajero, sino de una transformación profunda del modelo de movilidad", señala Pradas.
Desde Lime, Pérez Valero defiende que limitar la micromovilidad puede conducir a un retroceso hacia el coche privado. Frente a ello, apuesta por alternativas como la bicicleta compartida y por consolidar una "movilidad suave" basada en infraestructuras dedicadas y la reducción del tráfico contaminante.
El directivo subraya que, para lograr un modelo sostenible, es necesario escalar el servicio de forma rentable: alcanzar uso masivo, reducir costes sin perder calidad y adaptarse a las exigencias públicas. Lime logró un EBITDA positivo en 2022, lo consolidó en 2023 y prevé mejorarlo en 2024.
La competencia de otros operadores no es vista como una amenaza, sino como un estímulo para hacer crecer el mercado. La clave, concluye Pérez Valero, está en la cooperación institucional y en una regulación que apueste por la multimodalidad y la integración tarifaria.
El horizonte regulador
Tanto la federación como el clúster CLIMB participan en el comité asesor de la DGT para definir la nueva regulación de los VMP. Además, se espera que España adapte su normativa a las directivas europeas, más favorables a los VMP en vías interurbanas y a su reconocimiento como parte del sistema de transporte.
"Lo que pedimos es voluntad política", resume Aurora. Una reivindicación que, en el actual escenario, parece más urgente que nunca.
