El Gobierno de Canarias ha planteado formalmente al Ministerio de Transportes su disposición para convertirse en territorio piloto en la implantación del futuro título único nacional de transporte. Así lo ha anunciado la directora general de Transportes y Movilidad del Ejecutivo autonómico, María Fernández, durante su intervención en la Comisión General de Directores Generales celebrada este jueves, donde también ha reclamado al Estado garantías jurídicas y certidumbre financiera para sostener la gratuidad del transporte público en el archipiélago.
Fernández ha informado de que Canarias ya está trabajando en el desarrollo de su propio título único y ha invitado a la Secretaría General de Movilidad a visitar el archipiélago para conocer de primera mano el proyecto, liderado por el Instituto Tecnológico de Canarias. El objetivo, ha explicado, es avanzar en una posible integración con el modelo estatal, con vistas a su implantación en 2026.
El Ejecutivo canario ha insistido ante el Ministerio en la necesidad de contar con un marco estable que permita ejecutar las ayudas estatales sin incertidumbre normativa. En este sentido, Fernández ha señalado que "no podemos vernos en la situación de tener que devolver 120 millones de euros por requisitos cuya interpretación sigue generando dudas". La directora general ha advertido sobre las dificultades de aplicar los criterios estatales en realidades administrativas y territoriales como la canaria, y ha criticado los retrasos en la transferencia de los fondos.
El año pasado, las ayudas para garantizar la gratuidad del transporte público —guaguas y tranvía— llegaron en diciembre, obligando a las administraciones insulares a adelantar recursos durante todo el ejercicio. Fernández ha solicitado que en 2025 y 2026 los anticipos se formalicen en septiembre, y que se aclare si el presupuesto actual, ampliado a 120 millones de euros con carácter plurianual, será suficiente para cubrir el coste estimado del sistema, que se sitúa en torno a los 140 millones.
La directora general ha acogido con cautela el compromiso verbal del Ministerio de adelantar los pagos a septiembre y de emitir un informe de la Abogacía del Estado que respalde jurídicamente la aplicación de la gratuidad. "Hasta que no tengamos ese informe por escrito, no podremos hablar de seguridad jurídica total", ha dicho Fernández, quien ha advertido de que algunas condiciones —como la implantación obligatoria de zonas de bajas emisiones— podrían dejar fuera a territorios con procesos judicializados.
Respecto al título único, el Gobierno de Canarias propone que el proyecto que desarrolla a nivel autonómico pueda servir de base para el modelo nacional. Fernández ha subrayado que esta herramienta permitiría a los usuarios desplazarse por toda España con un único bono, lo que facilitaría la interoperabilidad del sistema y reforzaría la cohesión territorial.
La reunión también abordó las novedades legislativas sobre las autorizaciones de Vehículos de Transporte con Conductor (VTC). Fernández ha asegurado que Canarias queda al margen de los efectos de las recientes sentencias judiciales que han afectado a otras comunidades autónomas, gracias a un decreto aprobado el pasado año que regula de forma conjunta a taxis y VTC. "Fuimos previsores y evitamos distorsiones jurídicas tratando de forma unificada al taxi y a las VTC", ha declarado.
Madrid critica la falta de diálogo
Por su parte, el director general de Transporte y Movilidad de la Comunidad de Madrid, Luis Miguel Torres, ha instado al Gobierno central a convocar la Conferencia Sectorial de Transportes, que no se celebra desde 2022.
Según ha expresado, este órgano de cooperación institucional es clave para avanzar en retos como la redefinición del mapa concesional, y su falta de convocatoria representa un incumplimiento que "no debemos normalizar".
Torres ha advertido de que sin ese espacio de diálogo institucional será difícil coordinar la evolución normativa y financiera de los sistemas de transporte público entre el Estado y las comunidades autónomas.
