Valencia
Una de las empresas de camiones frigoríficos tradicionales del interior de la provincia de Valencia, Transdonat, se enfrenta a una difícil situación financiera y ha aprobado recortar buena parte de su actual plantilla. La firma de Ontinyent, que entró en concurso de acreedores el pasado mes de febrero, ha aprobado un expediente de regulación de empleo (ERE) que incluye a 37 de sus trabajadores.
Según ha informado el sindicato CCOO, la medida aprobada por la administradora concursal designada por el juzgado mercantil incluye a todos los miembros del comité de empresa. Según este sindicato el Estatuto de los Trabajadores deja claro que la representación legal de los trabajadores no puede ser obligada a ser parte de un proceso de despido colectivo por lo que ha anunciado que ante esta situación presentará una denuncia por vulneración de derecho fundamental a la libertad sindical.
La empresa de trasporte con más de medio siglo de historia y especializada en transporte frigorífica había solicitado la declaración de concurso de acreedores a principios de año y el Juzgado Mercantil número 4 de Valencia así lo había aprobado y designado a una administradora concursal.
Una insolvencia que se produjo después de que la compañía de camiones sufriera una caída de su negocio del 18%% en el ejercicio 2023, hasta 8,6 millones de euros, lo que le llevó a unas pérdidas de más de 900.000 euros ese ejercicio.
Transdonat había cerrado ese ejercicio con una plantilla de 77 personas, después de haber reducido ya en una veintena los empleados con respecto al final del año anterior.
Deterioro de las condiciones
Desde el comité de empresa, achacan el giro de la situación de la empresa a un cambio de administrador en la firma, que "supuso un deterioro en las condiciones de trabajo y un empeoramiento de su actividad comercial que la ha llevado hasta esta situación".
Desde la representación de los trabajadores explican que el deterioro de las condiciones laborales llevó a reclamaciones ante el juzgado y la Inspección de Trabajo, y forzó a la empresa a negociar con el Comité para aplicar el convenio colectivo y alcanzar acuerdos que evitaran una judicialización excesiva.
"La no aplicación de manera reiterada de derechos laborales básicos obligó al Comité a recurrir constantemente a la denuncia para defender el respeto merecido por el personal, con el reconocimiento de la razón por parte de la Inspección de Trabajo", señala el comunicado de CCOO, que considera que la empresa ha optado por formalizar un ERE que supondrá deshacerse del personal, casualmente, la mayoría miembros de la Sección Sindical de CCOO y de la totalidad del comité de empresa.
El comité ha manifestado su oposición a la aplicación del expediente por considerar que la actividad de la empresa no justifica los despidos.