El Gobierno andaluz ha dado un paso decisivo en la regulación del sector turístico con la aprobación del anteproyecto de la Ley de Turismo Sostenible de Andalucía, una normativa que ha elevado de manera severa las sanciones por infracciones y ha incluido, por primera vez, a las plataformas y alojamientos turísticos no registrados dentro de su régimen sancionador.
El nuevo marco legal ha sustituido a la ley vigente desde 2012 y ha introducido sanciones significativamente más altas para luchar contra la oferta clandestina. Las multas graves han pasado de un máximo de 18.000 euros a una horquilla de entre 10.000 y 100.000 euros, mientras que las muy graves han aumentado hasta los 600.000 euros, frente a los 100.000 euros de la anterior normativa. Este endurecimiento ha situado a Andalucía como una de las comunidades con mayor control sobre el sector turístico.
Sostenibilidad y digitalización
El anteproyecto ha introducido por primera vez el concepto de política turística, estableciendo los principios sobre los que se ha sustentado la gobernanza del sector. En este marco, se ha creado el Observatorio para la Sostenibilidad Turística Local, un organismo que ha contado con la participación de entidades locales, empresas turísticas y la administración autonómica para monitorizar el impacto del turismo y garantizar su equilibrio.
La planificación turística también ha experimentado cambios significativos con la incorporación de los instrumentos singulares de planificación, diseñados para adaptar la gestión del turismo a las necesidades específicas de cada destino. Este nuevo enfoque ha eliminado el límite de 100.000 habitantes en la clasificación de municipios turísticos, permitiendo una regulación más precisa basada en la actividad económica y no solo en el tamaño poblacional.
Lucha contra la oferta ilegal
Por primera vez, las viviendas de uso turístico han sido reconocidas como una categoría oficial dentro de la normativa, asegurando que cuenten con los mismos derechos y obligaciones que el resto de alojamientos. La nueva ley ha estipulado que estos inmuebles solo podrán desarrollarse en suelos con uso turístico reconocido, aunque compatibles con el residencial, y ha exigido la solicitud de una licencia municipal o la presentación de una declaración responsable para su actividad.
Además, el nuevo texto ha reforzado la lucha contra la actividad clandestina, estableciendo mayores obligaciones de información para las plataformas y comercializadoras de servicios turísticos. Se ha regulado con más detalle qué se considera oferta ilegal, con el objetivo de garantizar la transparencia y equidad en el sector.
La Junta de Andalucía ha acompañado el endurecimiento de las sanciones con un refuerzo de las inspecciones y el uso de Big Data y herramientas digitales para mejorar la supervisión de la actividad turística. Esta apuesta por la digitalización ha permitido un mayor control sobre los flujos de turistas, ayudando a prevenir la masificación en las grandes capitales y fomentando el desarrollo del turismo de interior en zonas rurales.
El consejero de Turismo, Arturo Bernal, ha defendido que la nueva ley ha sido clave para modernizar la gestión del turismo en Andalucía y garantizar un crecimiento equilibrado del sector. "Crecer de forma inteligente y sostenible es posible. Esta ley lo normaliza", ha afirmado Bernal, destacando que la normativa ha puesto "negro sobre blanco" la estrategia turística del Ejecutivo andaluz en los últimos seis años.