El consejero delegado de Ryanair, Michael O'Leary, ha calificado de "ilegal" la sanción de 179 millones de euros impuesta por el Ministerio de Consumo a cinco aerolíneas de bajo coste, entre ellas la propia compañía irlandesa, después de que se conociera que la Comisión Europea investiga a España por si la normativa en la que basa esa multa fuese contraria a las leyes comunitarias. Dos días después de llamar "ministro loco comunista" a Pablo Bustinduy, responsable del departamento de Consumo, el ejecutivo irlandés sostiene que la multa vulnera la legislación europea y amenaza con un incremento de tarifas para los pasajeros en caso de mantenerse.
En un comunicado, Ryanair ha insistido en que las aerolíneas tienen libertad para fijar precios y condiciones, de acuerdo con la normativa de la UE. Según la compañía, la política de cobro por el equipaje de mano en cabina responde a un modelo que ha permitido reducir tarifas y fomentar la competencia en el sector aéreo.
La multa impuesta en noviembre de 2024 por Consumo a las aerolíneas Ryanair, Vueling, EasyJet, Norwegian y Volotea tiene su origen en que, según el Gobierno, todas ellas habrían incurrido en infracciones "muy graves" al cobrar por el equipaje de mano, por imprimir la tarjeta de embarque o reservar asientos contiguos para personas dependientes y sus acompañantes.
El régimen sancionador utilizado se basa en la ley española de Navegación Aérea, que establece que las aerolíneas deben transportar gratuitamente en cabina el equipaje de mano y los objetos personales del viajero. Sin embargo, las compañías se apoyan en el Reglamento 1008/2008 de la UE, que garantiza la libertad de fijación de precios en el transporte aéreo.
Un nuevo enfrentamiento
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha defendido la sanción, argumentando que está respaldada por la normativa española y por resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Parlamento Europeo. El también portavoz de Sumar aseguró a LaSexta que la actuación de las aerolíneas busca que la ley se adapte a sus intereses,
O'Leary, por su parte, ha acusado al ministro de interferir en la política comercial de las compañías y ha advertido de que la sanción podría trasladarse a los pasajeros en forma de tarifas más altas. En un comunicado, la aerolínea ha señalado que "los consumidores españoles podrán seguir disfrutando de las tarifas más bajas de Europa, gracias a Ryanair y otras aerolíneas, sin verse afectados por los juegos políticos de Pablo Bustinduy".
El debate se intensificó tras unas declaraciones del CEO de Ryanair en Bruselas, donde calificó a Bustinduy de "loco comunista". El ministro respondió que estas afirmaciones formaban parte de una "estrategia de chantaje" por parte de la aerolínea.
Bruselas entra en juego
Entre medias de esta disputa, se conocía que la Comisión Europea ha solicitado información a España sobre la sanción impuesta a las aerolíneas. Según adelantó El Confidencial, Bruselas ha abierto un procedimiento de consulta conocido como EU Pilot para determinar si la multa es compatible con la legislación comunitaria.
El procedimiento, iniciado a petición de asociaciones de aerolíneas, es un primer paso antes de decidir si se abre un expediente de infracción contra España. La Comisión ha indicado que su evaluación se centra en verificar si las medidas adoptadas por Consumo respetan las normas del mercado interior y la libertad de fijación de precios.
Consumo ha señalado que tiene "plena confianza" en la solidez jurídica de la sanción y que está dispuesto a facilitar toda la información necesaria en el marco del procedimiento. También ha expresado su sorpresa por la rapidez con la que Bruselas ha iniciado el proceso, coincidiendo con las declaraciones de O'Leary contra Bustinduy.
Las aerolíneas afectadas han agotado los recursos administrativos en España y han llevado el caso a la vía judicial. Existen sentencias contradictorias sobre la legalidad del cobro por el equipaje de mano, con resoluciones que respaldaron a las compañías, quienes argumentan que la limitación del equipaje en cabina puede estar justificada por razones de seguridad; mientras que otras han dado la razón a los pasajeros, basándose en la legislación española.
Si la Comisión Europea concluye que la multa vulnera la normativa comunitaria y abre un expediente de infracción, el caso podría llegar al Tribunal de Justicia de la UE. En ese escenario, España podría enfrentarse a sanciones si se confirma que la multa impuesta por Consumo contraviene la legislación europea.