Si hay un año de verdadera transición en el transporte español, ese será, sin lugar a dudas, el 2025. La batería de obras y proyectos anunciada por el Ministerio de Transportes provocará un sinfín de cortes en el tráfico ferroviario nacional, especialmente en el tránsito de mercancías por tren, que verá cómo dos de sus grandes corredores, los que unen Andalucía y Cataluña con Madrid, estarán cortados durante meses para poner en marcha las futuras autopistas ferroviarias. Los puertos también enfrentan 2025 como el año de su renovación, con multitud de obras planificadas para adaptarse a la nueva demanda.
Eso provocará inevitables disrupciones en la cadena de suministro nacional, que volverá a confiar en el camión como modo de mover las mercancías por el territorio y más allá. Los transportistas internacionales denuncian un previsible aumento de costes por la implantación de peajes en nuevos países europeos, una tendencia a la que de momento no se sumará España, pero que llegará antes o después.
Cuestión aparte es el transporte de viajeros, que vive su particular edad de oro. El sector aéreo descuenta una nueva subida de tarifas para asumir los desafíos ambientales y financieros que supone la transición al biocombustible (SAF), con costes más elevados que el queroseno.
Las operadoras ferroviarias que compiten en la alta velocidad también seguirán elevando, aunque de forma más sutil, los precios de los billetes en busca de rentabilizar un negocio que acumula cientos de millones en pérdidas en estos primeros años de competición.
Los viajes recurrentes y de proximidad permanecerán estables después de que el Gobierno aprobase mantener las bonificaciones existentes (del 60% en los abonos mensuales, la gratuidad de las Cercanías y trenes de Media Distancia y los descuentos en los Avant) hasta junio.
Será a partir del verano cuando se noten las subidas, dado que las bonificaciones se rebajarán para asumir el 40% del coste, lo que dará lugar a una subida generalizada de tarifas en el transporte público urbano e interurbano (metro, tranvías y autobuses), con la excepción de Canarias y Baleares.
Por tanto, en julio entrará en vigor un nuevo paradigma para el transporte nacional. El Ministerio quiere implantar una tarjeta única para todas las redes de transporte del país, algo que ha recibido los primeros recelos de varias comunidades autónomas y autoridades de transporte que pretenden mantener su autonomía. El beneficio para el viajero, en cambio, será innegable y se verá en el corto plazo. De momento, implantará este billete único en todos los núcleos de Cercanías del país.
