Barcelona
La Federación Catalana de Apartamentos Turísticos (Federatur) ha presentado una reclamación ante la Comisión Europea (CE) contra el decreto-ley 3/2023 de la Generalitat de Cataluña que regula los pisos turísticos en la comunidad. En la demanda también participa la Asociación Europea de Viviendas Vacacionales (EHHA), que integra a operadores como Airbnb.
Federatur alega que la regulación vulnera seis apartados de la normativa europea, incluidos tres artículos de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE (CDFUE).
El decreto de la Generalitat exige una nueva licencia urbanística de cinco años para destinar una vivienda al uso turístico, aunque ya posea una licencia anterior. Además, marca un límite de 10 licencias por cada 100 habitantes en 262 municipios considerados con zonas tensas de alquiler.
El problema de la vivienda
La entidad asegura que la norma es "desproporcionada, discriminatoria y contraria a los principios de libre competencia y libertad de establecimiento" recogidos en la legislación comunitaria.
Tras la presentación, Europa tiene 12 meses para determinar si el decreto del Govern infringe la normativa de la Unión. Si lo hace, pedirá explicaciones a la Estado.
La asociación argumenta que el decreto no resuelve el problema del acceso a la vivienda ni contribuye a incrementar la oferta de residencia permanente.
"Los propietarios se ven impedidos de decidir sobre el uso de sus inmuebles, ya que, en muchos casos, se prohíbe la explotación turística de las viviendas en función de su ubicación", añade la asociación.
Más presión a Collboni
En paralelo, la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur) ha advertido por carta al alcalde Jaume Collboni de que el decreto de la Generalitat "rompe la ordenación del sector que ciudades como Barcelona han llevado a cabo en los últimos años y alimenta una ilegalidad que la capital catalana había logrado combatir". Hace una semana, Airbnb envió otra carta con una argumentación similar al dirigente socialista.
Según la entidad, los pisos turísticos representan el 40% de los alojamientos turísticos de la ciudad, aunque solo el 1% del parque total de viviendas de la capital catalana. Además, suponen una aportación en forma de impuestos de 160 millones de euros anuales.
También recuerdan que, según las previsiones municipales, en el año 2027, cuando finalice el mandato de Collboni, el ayuntamiento solo habrá incorporado un máximo de 3.000 viviendas sociales.
