La aerolínea irlandesa Ryanair ha respondido de inmediato a la sanción de 179 millones impuesta por el Ministerio de Consumo español a cinco aerolíneas de bajo coste al considerar ilegal los cobros de equipaje de mano o impresión de billetes en aeropuertos. El CEO de la compañía, Michael O'Leary, ha calificado la multa de "ilegal, infundada e inventada por el Ministerio por razones políticas", tras lo cual ha asegurado que "claramente infringen la legislación de la Unión Europea".
Por esa razón, Ryanair ha anunciado su intención de recurrir todas las multas ante los tribunales, al considerar que "infringen el Reglamento 1008/2008 de la Unión Europea que garantiza la libertad de fijación de precios de las aerolíneas". Para ello, ha compañía ha remitido una instrucción a sus equipos jurídicos quienes tratarán de que la sanción de 107,77 millones de euros impuesta por la administración española —la mayor de todas las interpuestas a las cinco empresas afectadas— no llegue a término.
O'Leary anticipa que la sanción propuesta por el departamento de Pablo Bustinduy "será anulada por los tribunales de la UE, que han defendido reiteradamente el derecho de todas las aerolíneas europeas a fijar precios y políticas sin que interfieran los Gobiernos". Además, critica que la Ley en la que se basa la sanción es de los años 60 "y precede a la adhesión de España a la Unión Europea", cuya normativa tiene más peso y, por tanto, podría revertir la decisión.
La aerolínea recuerda en un comunicado que sus políticas de equipaje "han sido aprobadas en múltiples audiencias judiciales, tanto en España como en tribunales europeos, siendo la más reciente en los tribunales de Barcelona". Al mismo tiempo, defiende que su modelo de negocio, que incluye cobrar por el equipaje o por facturar en el aeropuerto, "modifica el comportamiento de los pasajeros y permite trasladar estos ahorros a los consumidores en forma de tarifas más bajas".
La patronal tacha la multa de "sinsentido"
La Asociación de Líneas Aéreas, que integra a la mayor parte de compañías con operación en España, también cargó contra la sanción al catalogarla de "manifiestamente ilegal", etiquetándola de "sinsentido" y asegurando que "ignora la normativa europea" y "atenta contra el libre mercado". En consecuencia, confirmó que todas las afectadas —Ryanair, Vueling, EasyJet, Volotea y Norwegian— recurrirán ante el Contencioso-Administrativo al considerar que sus procedimientos están avalados por el Reglamento UE 1008/2008.
Su portavoz, Javier Gándara, recordó que esta sanción no se aplicará hasta que haya una sentencia judicial definitiva, y explicó que la decisión de Bustinduy llega dos meses tarde, ya que "los recursos de alzada cumplían el plazo de dos meses el pasado septiembre".
En la misma línea que la multa, las aerolíneas recuerdan que su política de equipaje de mano se mantendrá sin cambios, "a la espera de que los Tribunales puedan decidir sobre la petición de medidas cautelares que solicitarán las aerolíneas afectadas", explicó Gándara. "No es viable ni razonable plantear cambios en las políticas comerciales hasta que los tribunales se pronuncien", apuntan desde ALA.
También advirtió de que, en caso de tener que aplicar la norma, España será el único país de la UE donde se prohíba el cobro de maleta, "dejando a las aerolíneas que operan en este país en situación de desventaja competitiva" ya que "obligaría a 50 millones de pasajeros que viajan sin maleta en cabina a pagar por un servicio que no necesitan".