La plataforma Airbnb ha anunciado su apoyo a la creación de un registro único estatal para viviendas turísticas. La tecnológica se ha ofrecido al Gobierno de España y a las autonomías para implementarlo, apenas unos días después de conocerse la investigación abierta por Consumo para perseguir los anuncios de pisos vacacionales sin licencia para tal uso. "Estamos listos para entablar nuevas colaboraciones en próximos meses", apuntan desde el gigante estadounidense.
La compañía, que aboga por que "la normativa del alquiler de corta duración sea más coherente y uniforme en toda la UE", ha comunicado su interés en ampliar su colaboración con las autoridades para que se implemente en el plazo acordado, antes de mayo de 2026.
Así, Airbnb se compromete a "trabajar estrechamente con la Comisión Europea y los Estados para preparar los 'Puntos únicos de entrada' que aseguran la alineación técnica entre los gobiernos y las plataformas". También ha concretado su apoyo a aquellas nuevas normas locales que complementen la normativa comunitaria, para lo cual aportará información y datos a los gobiernos locales.
Investigación de Consumo
La respuesta de la plataforma llega una semana después de que el antiguo Ministerio de Consumo, ahora integrado en el de Derechos Sociales y Agenda 2030, anunciara la apertura de una investigación a las plataformas digitales que ofertan alquileres turísticos. Aunque no desveló los nombres de las compañías investigadas, compañías como Airbnb, Booking.com o Expedia asumieron que el foco estaba puesto sobre ellas.
Dos días después de conocerse el anuncio gubernamental, ninguna había recibido notificación alguna de Consumo. El organismo apeló a la protección de los consumidores para abrir sus expedientes, al haber localizado "potenciales prácticas comerciales desleales" por parte de las viviendas sin licencia para realizar este tipo de actividades y que se anuncian en estos portales.
Colaboración entre Gobiernos
La tecnológica norteamericana defiende que exista un ámbito de colaboración entre los Gobiernos y las plataformas, tal y como está fijado en la nueva regulación europea de Servicios Digitales, y que Airbnb asegura haber apoyado. "Establece un marco para que compartan información, lo que dará a las autoridades más visibilidad sobre la actividad de los anfitriones y facilitará unos sistemas de registro más simples y centralizados", explican.
Además, defiende su colaboración con "cientos de administraciones locales en toda la Unión Europea", con Barcelona e Ibiza como principales ciudades donde mantiene acuerdos en España. Su acuerdo incluye la eliminación de todos aquellos anuncios irregulares a juicio de sus servicios de inspección.
Sin embargo, la presión sobre las plataformas crece cada día por parte de otros actores del sector como las hoteleras, que critican la ausencia de autorregulación por parte de las mismas al consentir que estas prácticas fraudulentas se sigan produciendo. Los intermediarios echan balones fuera sobre su responsabilidad y la trasladan los propietarios de las viviendas, apelando a varias sentencias judiciales.
