Madrid
El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TJSC) respalda a Uber y a la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) en su enfrentamiento con la organización Élite Taxi, que el pasado mes de agosto acudió a los tribunales a interponer un recurso por vulneración de derechos fundamentales tras ser multada con más de 100.000 euros por la organización catalana, con motivo del boicot a las plataformas de viajes con autorizaciones VTC que operan en la Ciudad Condal.
De acuerdo a un auto de la sección quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC del pasado 20 de septiembre, se declara la inadmisión del recurso de Élite Taxi por inadecuación del procedimiento. La organización que capitanea Tito Álvarez había acudido a los tribunales para solicitar la protección de sus derechos fundamentales, concretamente los relativos a la libertad de expresión (art. 20 CE), el derecho de asociación y defensa colectiva de intereses (art. 7 y 22 CE) y el derecho de reunión (art. 21 CE).
No obstante, en su análisis la sala explica que el recurso debe debe desestimarse porque Élite lleva a cabo únicamente una "mera invocación de los derechos fundamentales concernidos a los efectos de la admisión a trámite por este procedimiento especial" y, por tanto, se limita en el escrito de interposición y en las alegaciones posteriores a su invocación a "meramente a relacionar su infracción con la existencia de la resolución de la ACCO y la imposición de la sanción referida, pero sin expresar los argumentos sustanciales, siquiera sucintamente, que den fundamento al recurso, mas allá de su afirmación".
Con todo, el TSJC recuerda que la parte (Élite Taxi) que ejerce este proceso "puede acudir simultáneamente a la vía ordinaria, dado que la declaración de inadecuación no resuelve ni pretende resolver el fondo de la cuestión, sino solo revisar la adecuación de su ejercicio concreto a este proceso especial". La vía ordinaria sigue actualmente activa en otro proceso paralelo, según la documentación judicial consultada.
A este respecto, desde Élite Taxi, que mantiene desde hace meses otro enfrentamiento judicial en la Audiencia Nacional con Uber Eats, explican que se ha presentado ya recurso de reposición contra el fallo del TSJC y que incluso no descartan llevar el caso ante el Tribunal Supremo. A falta de conocer la próxima resolución y al margen de la disconformidad prevista por la ACCO y Uber, Élite Taxi ya ha recibido la oposición de parte del Fiscal de la Generalitat, José Joaquín Pérez De-Gregorio, y del abogado de la Generalitat, Josep Medina.
Así, este último explica que en el escrito de interposición del recurso Élite Taxi efectúa una cita meramente formal de los derechos fundamentales que considera vulnerados "sin explicar cómo la resolución sancionadora del expediente 111/2021 ha podido vulnerarlos. Es decir, no indica la conexión o relación de causalidad entre el acto impugnado y la vulneración de los derechos fundamentales alegada en el sentido exigido por la jurisprudencia para la admisión del recurso, como y entre otros, en las sentencias que se citan todo seguido".
Multa de la ACCO
Los hechos responden a la sanción que la ACCO impuso el pasado verano a Élite Taxi por conductas infractoras de la Ley de Defensa de la Competencia. El organismo dirigido por Roger Loppacher analizó que a finales de 2020, después de hacerse público el inicio previsto de la prestación de servicios de mediación del servicio de taxi a través de la plataforma Uber en Barcelona, difundiendo por varios medios una imagen negativa y de desacreditación de la compañía norteamericana.
A ello se sumaron, según la ACCO, medidas de presión dirigidas a los taxistas mediante comunicaciones por redes sociales, en su web o llamadas directas, advirtiéndoles de las consecuencias negativas de trabajar con la empresa, y disuadiéndoles de su colaboración con Uber. Alguna de estas actuaciones censurables para la ACCO fueron la intención de difundir datos personales (números de licencia y de matrículas, por ejemplo) de los taxistas adheridos a las referidas plataformas de mediación, u obstaculizar su actividad.
La reacción de Élite no se hizo esperar. A través de un comunicado, la organización afirmó estar convencida de que esta sanción "es un intento de descabezar a Élite y amordazar al sector de taxi del AMB en favor de las grandes empresas que desde hace casi una década intentan apoderarse del sector del taxi sin éxito".
A su mensaje se unió otro anuncio: movilizaciones estratégicas que tendrían como objetivo bloquear la ciudad de Barcelona. Bautizó a estas manifestaciones como "Operación Candado", habida cuenta de que con ella se pretendía cortar todas las entradas a la Ciudad Condal por tierra, mar y aire durante los días álgidos por el regreso de vacaciones (del viernes 1 a lunes 4, ambos días incluidos).
