La subida de costes que lleva asolando España durante los últimos meses llevó durante el primer trimestre del año a los profesionales del sector del transporte por mercancías a una situación límite. A ello se sumaron algunas reclamaciones que el sector llevaba haciendo años y que intensificaron su tono en ese momento. Pero para entender qué ha cambiado entre marzo y noviembre, entre el primer paro de casi dos semanas y el que ahora vuelve a ponerse sobre la mesa, hay que retrotraerse al primer conato de huelga que se produjo justo antes de la Navidad de 2021. Entonces, con el apoyo de las grandes patronales, los transportistas pidieron que se pusieran sobre la mesa medidas estructurales por las que llevaban ya varios años luchando, como por ejemplo la prohibición de la carga y descarga de mercancías por parte del conductor.
Tras varios días de negociación con el entonces ministerio de Transportes de José Luis Ábalos, los profesionales del sector consiguieron arrancarle una promesa de que sacarían adelante esta norma y otras muchas, como la revisión obligatoria del precio del transporte ante la variación del del combustible, y la huelga se frenó.
Las promesas se convirtieron en realidad a través de un Real Decreto Ley que se publicó el 1 de marzo y que recogía una decena de medidas que el propio sector reclamó. Pero la subida de precios que se produjo entre diciembre (cuando se negociaron estos cambios) y marzo (cuando se aprobaron) hizo que pese a que el sector aplaudiese el avance, exigiese ayudas directas para frenar la sangría que estaba produciendo el alza de costes.
Fue entonces cuando surgió Plataforma con Manuel Hernández a la cabeza como defensor de los autónomos y pequeños empresarios del transporte de mercancías por carretera. El paro del mes de marzo estuvo apoyado al inicio también por otras asociaciones, pero a medida que pasaban los días y se conseguían avances en la negociación, Plataforma se quedó en solitario e incluso fragmentada.
Fue el 25 de marzo cuando el Gobierno anunció una nueva batería de medidas, en su mayoría económicas, para paliar el golpe de la inflación y la subida de los precios. La más importante, la rebaja de 20 céntimos por kilogramo o litro de combustible que más tarde se haría extensiva a toda la población. También en este paquete se incluían dos líneas de ayudas directas por valor de 450 millones (900 millones de euros habilitados en total) para las empresas de transporte de mercancías y de pasajeros en función del tipo de vehículo. La cuantía será de 1.250 euros por camión, 900 por autobús, 500 por furgoneta y 300 por vehículo ligero (taxi, VTC y ambulancias). La primera líea ya se ha dado ya la segunda se hará antes de terminar el año.
Además se aprobaro créditos avalados por el ICO y la ampliación del plazo de vencimiento y de carencia de los existentes. Otra de las medidas más aplaudidas por el sector fue el cambio en los plazos de devolución del combustible profesional, que pasó de trimestral a mensual y que alivia, sobre todo, a los autónomos y pymes del sector. Entonces también se prometió una norma para impedir que en el sector se trabajase a pérdidas.
Con estas medidas y la dilución de la huelga del mes de marzo, el inicio del verano volvió a ser movido en el sector. Desde Plataforma se alentaron nuevos paros que, con las recién aprobadas medidas y la situación inflacionista del momento, no salieron adelante.
Pese a ello, a finales de junio se lanzaron nuevas medidas, como la obligación de que, en los contratos de transporte por carretera y las facturas por servicios realizados entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2022, se refleje de manera desglosada el coste del combustible para poder llevar a cabo un efectivo control de los costes y precios, o la modificación de las fórmulas aplicables para la revisión del precio. Desde Plataforma pedían más y exigían la aprobación inmediata de la nueva Ley de Cadena de Transporte para evitar nuevos paros.
La primera semana de agosto, el Gobierno llevó esta nueva norma al Consejo de Ministros, tal y como estaba previsto. En ella se establece la obligación de cubrir el coste del transporte, su control y se incluyen sanciones que pueden llegar hasta los 4.000 euros si se incumple.
Es precisamente, según denuncia Plataforma, esta medida -junto con la prohibición de carga y descarga- la que no se estaría cumpliendo y la que, según sus palabras, es el centro de reclamación de cara a los nuevos paros que empezarán a partir de la medianoche de este domingo. Desde el ministerio de Transportes señalan que no han llegado denuncias concretas sobre estos incumplimientos y, por tanto, no pueden ser investigadas y animan a los profesionales a trasladar las violaciones de la norma de forma clara y detallada para su sanción.
