Barcelona
El Ministerio de Hacienda ha puesto el foco en las aportaciones que la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona realizan a sus servicios de transporte público. La administración catalana debe realizar inyecciones de capital periódicas para sufragar el coste del Metro, el autobús o los ferrocarriles y el fisco quiere recaudar el IVA de estas ayudas. La entidad que coordina las diferentes plataformas no está de acuerdo y mantiene un litigio legal en el que están en juego hasta 95,6 millones de euros.
La batalla entre ambas instituciones arrancó en 2014, cuando la Agencia Tributaria inició una inspección sobre las cuentas de la Autoritat del Transport Metropolità (ATM), un consorcio formado por la Generalitat (51%), el Ayuntamiento de Barcelona y otros organismos locales que gestiona el transporte público en Barcelona y sus alrededores. Hacienda denunció que no se estaba pagando el IVA de las aportaciones públicas y extendió sus pesquisas a todos los ejercicios desde 2010 a 2017, pero se encontró con que la ATM recurrió las liquidaciones adicionales que le exigía el fisco.
Tras enfrentarse ante el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC), la factura quedó finalmente en 95,6 millones; una cuantía que la institución ha recurrido y que deberá dirimirse con total probabilidad ante la justicia ordinaria.
Hacienda reclama el IVA de los años entre el 2010 y el 2017
Hacienda considera que la ATM debería devolver 27,3 millones del periodo 2010-2013, 25,4 millones del periodo 2014/2016 y 42,9 millones del año 2017. A su juicio, estas cantidades impactan directamente en el precio final de los billetes de transporte público, por lo que deberían tributar el Impuesto sobre el Valor Añadido.
Sin embargo, la interpretación de la administración catalana es muy diferente. Fuentes de la institución explican a elEconomista.es que "las aportaciones recibidas de las administraciones públicas no pueden calificarse de subvenciones vinculadas al precio de la tarifa y por ello no deben meritar el IVA". Además, en sus cuentas del año 2021 denuncia que los acuerdos de liquidación "tienen una voluntad meramente recaudatoria".
La ATM advierte eso sí que en el caso de salir perdedora del enfrentamiento con el fisco los 95,6 millones los deberán sufragar la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y el Área Metropolitana de Barcelona.
No teme que la factura pueda ascender. En 2017 se modificó el artículo 78 de la ley del IVA y, a su juicio, ahora queda claro que las subvenciones recibidas por parte de las administraciones no deben hacer frente al IVA. "Desde entonces se han liquidado los diferentes ejercicios y no se han iniciado inspecciones", celebra la entidad.
La recuperación de los ingresos de la ATM
El transporte público barcelonés de Barcelona y sus coronas recupera paulatinamente la normalidad tras el golpe del coronavirus. Según los datos acumulados hasta el mes de mayo, las ventas de títulos integrados habían crecido el 39,9% frente al mismo periodo del año 2021. Los 184 millones de euros recaudados son un 21,5% inferiores a las cifras de 2019.
"Los datos muestran una tendencia positiva y se sitúan en un valor intermedio entre las cifras máximas de 2019 y las mínimas de 2020", señaló la ATM en su último consejo de administración. Con la recuperación turística del verano, la brecha frente a los datos prepandemia se estrechó, aunque todavía no hay datos públicos.
Mientras, la institución prosigue con el despliegue de la tarjeta T-Mobilidad, que estará totalmente implementada a comienzos de 2023 en las distintas zonas tarifarias barcelonesas. Para 2024, el sistema ya será de aplicación en toda Cataluña, por lo que los actuales billetes de cartón desaparecerán.