Dos años. Este es el tiempo en que debería ampliarse el periodo transitorio del decreto Ábalos para que las licencias de VTC –vehículos de transporte con conductor– recuperen el tiempo perdido por el Covid-19 según un informe de la Universidad de Barcelona encargado por Cabify. En cambio, el Gobierno lo tiene claro y la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, dijo ayer durante El Ágora de elEconomista que "no habrá una prórroga generalizada".
Cabe recordar que el 30 de septiembre de 2018 entró en vigor el llamado decreto Ábalos que establece la limitación del ámbito de actuación de las VTC a prestar exclusivamente el transporte interurbano de viajeros, dejando excluida a nivel nacional la prestación de servicios urbanos. Para este último punto, se estableció un régimen transitorio de cuatro años para compensar las inversiones de las autorizaciones de VTC existentes y permitir que las comunidades autónomas legislasen al respecto. Ahora, a falta de tres semanas para que ese plazo termine, solo Cataluña y la Comunidad de Madrid –un 18% y un 47% de las licencias se encuentran en estas CCAA, respectivamente– tienen una norma aprobada, mientras que Andalucía se encamina pero todavía no ha conseguido la luz verde definitiva.
El sector se ha mostrado preocupado en numerosas ocasiones por el fin del periodo transitorio y tanto empresas como Cabify como la patronal y algunas CCAA han pedido prórrogas, pero el Gobierno se niega a ello. Pese a ello, según cifras del sector, todavía hay unas 16.000 reclamaciones sin resolver y, tal cual confirmó la ministra, se hará de una en una próximamente, pero el tiempo se acaba.
De no resolverse esta situación, señala el informe, se causaría un daño "antijurídico, individualizado y susceptible de valoración económica", lo que, en su opinión, permitiría llevar a cabo una reclamación patrimonial a ejercer por las diferentes compañías.
Piden ampliar plazos y cifran en 47 millones el impacto del Covid-19
Pese a que el informe evita cifrar el golpe que supone la no ampliación del plazo para los poseedores de licencias VTC, señala que, "a solicitud de Cabify", y extrapolando las cifras de esta compañía para el conjunto del sector, "no se habrían recuperado las inversiones en las licencias" y esto supondría un efecto negativo que cifran en 47 millones de euros. Por ello, y sobre la base jurídica, los investigadores de la Universidad de Barcelona señalan que se abre la puerta a reclamaciones compensatorias económicas.
