El sector del taxi andaluz arde de nuevo con los movimientos de la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía para sacar adelante un decreto ley que regule a los Vehículos con Conductor (VTC). Cargas policiales y dos detenidos fueron el saldo de la primera protesta de los taxistas contra el anuncio de la administración andaluza permitir que los VTC sigan operando en los núcleos urbanos a partir del 1 de octubre, si bien se establecerán requisitos para que estas medidas garanticen "la convivencia" y ofrezcan "el mejor servicio al ciudadano". Entre estas medidas que puedan compensar a los taxistas está establecer zonas de especial protección en torno a aeropuertos y estaciones, hospitales e incluso hoteles de cuatro estrellas y puntos de celebración de eventos, como conciertos o partidos de fútbol.
Sobre la mesa de negociación está la propuesta de establecer una distancia mínima de estacionamiento de 300 metros para aeropuertos, puertos, estaciones de trenes y autobuses y de 150 metros para otros espacios como hospitales, hoteles cuatro estrellas, juzgados o lugares donde se celebren eventos.
Desde la Junta indican que se trata de una medida que no está recogida en ninguna otra regulación autonómica en España y que surge de una propuesta del propio Ministerio de Transporte a una consulta de Andalucía y que cumple con el Reglamento de Ordenación del Transporte Terrestre estatal que prohíbe a los VTC la captación de clientes. Además, esta regulación por distancia evitaría conflictos reiterados entre VTC y taxis en ciertos puntos de las ciudades afectadas.
Más medidas
También hay propuestas para reforzar la información que los VTC tienen que ofrecer a las administraciones para su Registro, incrementando así su inspección y control, que no se permita la geolocalización antes de la contratación del servicio por el cliente para evitar la captación de usuarios, exigir capacitación profesional de los conductores de VTC con una prueba al igual que a los taxistas y un plazo de validez para el certificado de capacitación, exigir una longitud mínima a los vehículos VTC atendiendo a su clasificación ambienta (4,70 metros de longitud para los híbridos, 4,50 metros a los eléctricos con carácter general una medida mínima de 4,90 metros para diferenciar el servicio que ofrecen VTC y taxis), y aumento de las inspecciones y endurecimiento de las sanciones a los infractores.
Negociando desde 2019
En realidad la negociación que está ahora abierta ya se inició en 2019 a raíz de la aprobación de la normativa actual de 2018, el conocido como Decreto Ábalos, que suprimió los servicios urbanos de estos vehículos con un periodo transitorio de compensación de cuatro años, hasta el 1 de octubre de 2022, obligando a las comunidades autónomas a regular para habilitar el servicio urbano a partir de esa fecha. Si ese día no hay decreto en Andalucía, los VTC no podrán prestar servicio en núcleos urbanos.
Aragón, Cataluña, Baleares, País Vasco, Galicia, Valencia y Murcia ya regularon los servicios de los vehículos con licencia de VTC, generalmente exigiendo un tiempo de precontratación de 15 a 60 minutos, y han recibido reclamaciones patrimoniales millonarias por parte de las empresas de VTC, existiendo resoluciones judiciales contradictorias en toda España. "No obstante, la Comisión Europea publicó recientemente una comunicación sobre buenas prácticas regulatorias del sector con recomendaciones para revisar y adecuar la normativa a las directrices y libre competencia que evite restricciones y límites innecesarios y perjudiciales para el acceso al mercado, entre ellas, se recomienda evitar la precontratación con tiempo o el regreso a la base", recuerda Fomento.
La Junta insiste en la necesidad de una norma estatal y no 17 modelos distintos
"Defendemos que en España no puede haber 17 modelos distintos de regulación de VTC y que, por tanto, debe ser el Gobierno de Pedro Sánchez el que apruebe una norma para todo el país, pero dada la inacción de éste y su decisión de atribuir a las comunidades esta regulación, hemos decidido aprobar un decreto ley", dijo días atrás la consejera tras reunirse con representantes del taxi andaluz.
La consejera ha asegurado que la futura norma aún se está negociando y que no se busca "dañar al taxi". Las tres comunidades con mayor número de licencias de VTC son Madrid (8.266), Andalucía (3.256), Cataluña (2.580) y Comunidad Valencia (681). Andalucía concentra el 19% de las autorizaciones de VTC que existen en España y la proporción es de un VTC por cada 2,7 taxis, puesto que están registrados 8.782 taxis.
En la práctica, casi la totalidad de los VTC que operan en Andalucía se concentran en Sevilla, la ciudad de Málaga y la zona de la Costa del Sol. En el resto de localidades su presencia es testimonial.
Enfado de los taxistas
"Nos han engañado, en esencia nos han engañado", argumentó Francisco de la Piedra Vega, representante de la Federación Andaluza de Autónomos del Taxi (FAAT), durante la protesta del jueves a las puertas del Parlamento que acabó con cargas policiales y dos arrestados. Los taxistas consideran que "de la noche a la mañana y con la mayoría absoluta del PP el discurso ha cambiado completamente" en San Telmo y se sienten "traicionados" ante el movimiento de la Consejería, a la que han advertido de que no dudarán en recurrir a los tribunales.
"Que sepan que vamos a denunciar si prosiguen en esta regulación que pretenden hacer. Ellos sabrán lo que hacen", ha apuntado tanto en relación a la consejera de Fomento, Marifrán Carazo --que se encontraba compareciendo en la comisión del departamento en el Parlamento-- como a la totalidad de la Junta.
Hay motivos para temer una escalada de tensión y episodios de violencia. En 2017 ya se produjeron disturbios graves con la quema de nueve coches de Cabify como episodio más destacado.
Asociaciones de VTC
Las asociaciones de alquiler de Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) de Andalucía, Andeval y Unauto VTC han advertido que las exigencias del taxi a la Junta de Andalucía "condenarían al sector a su desaparición" debido a la "expropiación de licencias y restricciones arbitrarias a su actividad".
Ambas organizaciones han avisado a través de un comunicado que las "presiones" para "eliminar estos servicios públicos a los usuarios de la movilidad andaluza", consisten, "entre otras, en el establecimiento de restricciones desproporcionadas en la operativa del sector que podrían, como mínimo, eliminar el 25% de los servicios que actualmente disfrutan los usuarios en Andalucía, con la extinción de hasta 8.500 puestos de trabajo y un importante daño a la economía de la región".
"Las restricciones que está proponiendo a la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda el sector del taxi contempla, entre otras, el establecimiento de una longitud mínima para los vehículos VTC, un tiempo mínimo de precontratación, como en Cataluña, y la obligatoriedad de que las autorizaciones hayan prestado servicio durante los últimos 12 meses", han añadido.
