Barcelona
La Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) carga contra la nueva ley que regula el sector de las VTC en la autonomía. La Generalitat aprobó a comienzos de mes una norma que obligaba, por ejemplo, a los vehículos a tener una longitud mínima de 4,9 metros y que restringía la actividad de compañías como Cabify. Tras analizarla, el regulador se muestra muy duro: "Va contra los consumidores; los requerimientos sin injustificadamente restrictivos".
La institución emitió este martes su informe de valoración del marco legal que, a su juicio "perjudica directamente a los consumidores". La norma deja prácticamente sin recorrido a las licencias VTC y hace que el transporte quede en manos de los taxistas, que convocaron diversas manifestaciones y protestas durante la elaboración del texto.
Por ello, la ACCO lamenta que los clientes "no se podrán beneficiar de las presiones competitivas en términos de precio, calidad del servicio e innovación".
"Los requerimientos son injustificadamente restrictivos", prosigue el regulador que, sostiene, no son proporcionales con el problema. Con la entrada en vigor de la ley, para poder operar con una licencia VTC habrá que contar con el permiso desde al menos un año de antelación a la publicación de la norma, haber prestado un mínimo de 100 servicios durante este periodo y que el vehículo en cuestión tenga 4,9 metros de longitud o más. Esta última salvedad deja fuera a la práctica totalidad de los turismos en circulación.
Para la autoridad de competencia, el decreto ley implicará una "significativa" caída de los operadores del sector. Además, los que se queden deberán seguir con las restricciones que ya estaban vigentes en la comunidad: como la precontratación con un mínimo de 15 minutos –en Barcelona se ha ampliado a 1 hora-, la prohibición de estacionar en la vía pública y de utilizar servicios de GPS para geolocalizar a los coches que presten el servicio.
La norma entrará en vigor el 1 de octubre, cuando finaliza el decreto Ábalos del pasado 2018. Cuenta con el apoyo del PSC, por lo que no debería tener problemas para salir adelante este miércoles en el Parlament.
El enfrentamiento en el sector de las VTC
La ACCO se pronuncia sobre la nueva ley solo un día después de las críticas de Cabify al marco legal. Según la compañía, la única de las grandes que operaba en Barcelona, supone "la práctica eliminación del sector" y hace peligrar inversiones por más de 150 millones de euros entre la empresa y sus proveedores.
Las patronales Unato y Feneval también se mostraron muy críticas con el texto y ya amenazan con emprender la vía judicial contra la Generalitat. En una entrevista concedida a elEconomista.es, José Manuel Berzal, presidente de Unauto, aseguraba que"el decreto de Cataluña pretende exterminar las VTC en la región".
Más allá de Cabify, en Cataluña opera Uber –aunque solo con licencias de taxi- y Bolt, que entró en la región hace menos de un mes.
Este martes, medio centenar de conductores de VTC se manifestaron en la capital catalana contra el redactado bajo el lema Si nos echan, tu también pierdes.
