Transportes y Turismo

"El decreto de Cataluña pretende exterminar las VTC en la región"

  • "Trabajamos jurídicamente para ver qué podemos hacer con la nueva norma de Cataluña"
  • "Solicitamos a Transportes que se establezca una moratoria adicional de dos años"
  • "Se ha reactivado la Mesa del convenio colectivo estatal y creado la de Andalucía"

El mundo de los vehículos de transporte con conductor (VTC) vive en un continuo vaivén en los últimos meses. Regulaciones por parte de las comunidades autónomas, aprobación de convenios... para conocer cómo se encuentra el sector, elEconomista.es ha hablado con José Manuel Berzal, presidente de Unauto, la patronal de los VTC en España.

¿Cómo valora el Real Decreto de las VTC que ha aprobado Cataluña?

Lo valoramos muy negativamente para el sector, para los ciudadanos, para Cataluña y para Barcelona. Es un decreto que lo que pretende es exterminar el sector de las VTC. Todos los puntos que se desarrollan y se concretan es lo que pretenden.

¿Cuáles son los aspectos más lesivos para el sector?

En cuanto a la movilidad, fijar un periodo de precontratación no tiene ningún sentido. Por otro lado, recoge también aspectos como que se debe volver a la base entre servicio y servicio. Esto incluso contraviene las indicaciones ambientales, se ha estudiado que esto es más perjudicial. Por otro lado, una cosa que es lesiva para el sector es que los vehículos tengan que tener una longitud de 4,9 metros. Eso perjudica más a los más débiles, a los autónomos, a las pequeñas y las medianas empresas, les obliga a hacer unas inversiones que desgraciadamente no podrán hacer, con lo cuál no podrán seguir con su legítima actividad profesional. Va dirigido exclusivamente a exterminar el sector. Es un decreto sectario.

¿Han cuantificado cuántos puestos de trabajo están en juego?

De momento no lo hemos cuantificado objetivamente, pero muchos puestos de trabajo. El decreto Ley del Gobierno de la Generalitat que es un decreto estrictamente político, que está sujeto a caprichos de partidos políticos. Con él se pierde la oportunidad de reactivar su economía, de que sea líder como ya la lideraban hace muchos años en otras épocas, en España y en Europa. Además, se alejan de los criterios de modernidad. La movilidad es un sector que tiene que ser moderno, seguro, sostenible, integrado y digital, están alejando de sus postulados y contravienen el dictamen de la Comisión Europea, la propia Comisión Nacional del Mercado de la competencia y la Agencia de la Competencia de la UE.

¿Van a tomar alguna medida al respecto?

Estamos manteniendo una postura de cabeza fría. A partir de ahí seguimos con la mano tendida, lógicamente, para el partido político, el grupo parlamentario y con diferentes organismos e instituciones. También con el Ayuntamiento de Barcelona por la importancia que tienen. También vamos a seguir trabajando con la Comisión Europea y todos los organismos que lógicamente tienen que ver en esta decisión en este decreto, pues se está privando de libertad a los empresarios, a los autónomos y a los ciudadanos.

¿Cree que la Generalitat puede dar marcha atrás?

Sinceramente no lo creo. Poder se podría, nosotros apelamos a llegar a un punto de encuentro, a que se conciencie el Gobierno de la Generalitat que nosotros solo pretendemos una regulación para nuestro sector que nos habilite trabajar a partir del 28 de septiembre. Queremos diálogo y lógicamente, defender los intereses de un sector que da trabajo a miles de familias. Lógicamente vamos a trabajar también en la parte jurídica, para ver qué decisiones podemos seguir adoptando, siempre sin la pretensión de ir en contra del sector del taxi. Nosotros entendemos al taxi y que defiendan sus intereses legítimos. ¿Qué pensamos que lo podríamos definir conjuntamente? Seguimos con la mano tendida.

Más allá de Cataluña, la otra comunidad autónoma que ha aprobado ya el decreto es Madrid. Las posiciones son completamente opuestas...

Totalmente opuestas. Cataluña también en este caso debería ver cómo actúa el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Madrid ha sido responsable, ha trabajado con rigor, ha hecho primar la defensa de la libertad de los ciudadanos, de los empresarios, del libre mercado, la defensa de muchos miles de puestos de trabajo y la defensa ultranza de la libertad que tiene cada ciudadano. Y también de muchísimos turistas, como pasa en Cataluña, para elegir en cada momento qué modelo de movilidad quiere. La CAM es un ejemplo también en la Ley que nos habilita poder seguir trabajando y una ley que no perjudica para nada al sector del taxi. En Madrid y también en Barcelona y en Cataluña hay demanda para que ambos sectores convivan.

¿Y otras comunidades autónomas?

Seguimos trabajando en todas las comunidades autónomas, cada una con sus peculiaridades relativamente. El sector de la movilidad está muy politizado, con lo cuál, también influye mucho el color político de los gobiernos de cada comunidad autónoma. También tengo que decir que el 28 de septiembre es mañana metafóricamente hablando. El Decreto Ábalos contemplaba un periodo de cuatro años para que se pudieran amortizar las inversiones de las VTC, pero es cierto que ese requisito no se ha podido conseguir porque durante dos años hubo restricciones a la movilidad por el Covid. La semana pasada solicitamos al Ministerio de Transportes que se establezca una moratoria adicional de dos años para que se pueda cumplir ese plazo de amortización.

¿Qué respuesta han tenido?

Aún es muy pronto, vamos a esperar. Lo importante es que vemos que tienen la mano tendida y podemos hablar. El Gobierno esperamos que tenga una respuesta a nuestra petición en base al sentido común y la verdad, es que no se ha podido conseguir el objetivo de amortizar.

En otro orden de cosas, ¿hay algún plan de convenio colectivo para el sector a nivel nacional?

La semana pasada llegamos a un preacuerdo en el convenio colectivo en Málaga. También se ha reactivado la Mesa del convenio colectivo estatal con todos los agentes sociales. En Andalucía se ha puesto en marcha una mesa negociadora para tratar el convenio. Nosotros somos los primeros interesados en normalizar el sector a nivel legislativo.

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