Barcelona
El mundo empresarial y el Gobierno se resisten a darlo por perdido, pero lo cierto es que cada vez hay más piedras en el camino para la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat. Si encontrar el consenso político necesario ya parecía una quimera, la nueva propuesta ambiental de la Generalitat dificulta todavía más la propuesta de Aena para alargar la tercera pista del aeródromo catalán.
El pasado jueves, la consellera de Acción Climática, Teresa Jordà, hizo público el proyecto el Ejecutivo para incrementar las zonas de especial protección para aves (Zepa) del Delta del Llobregat. La medida provocará un incremento de las 935 hectáreas blindadas, que saltarán hasta las 2.372, el 154% más.
La zona de la expansión no es casual. El Govern escogió proteger los espacios que Aena ofrecía cuidar a cambio de la destrucción del Estanque de la Ricarda con el aumento de capacidad. Ahora, la Generalitat ya se ocupó de socorrer estas mismas áreas, por lo que el gestor aeroportuario español se queda sin contrapartidas medioambientales en la negociación.
La empresa presidida por Maurici Lucena había ofrecido la conservación de 280 hectáreas al sur de la infraestructura. La Comisión Europea permite las compensaciones de áreas protegidos en el caso de obras estratégicas, pero jamás se llegó a testear su posicionamiento en este caso, pues el proyecto no llegó ni siquiera a elevarse a Bruselas. Sí exige que el intercambio de metros cuadrados sea del mismo valor medioambiental. Es decir: no admitiría eliminar la Ricarda por un suelo de uso agrícola.
Y solo hace falta echar un vistazo a la imagen adjunta a esta información para ver que el Ejecutivo catalán no dejó mucho margen de maniobra para la ampliación de la instalación. El Aeropuerto queda prácticamente rodeado de zonas protegidas por la red Natura2000, una distinción de la Unión Europea. Crecer por cualquier lado supondría quebrarla y ya no quedan apenas espacios que Aena pueda brindar en una posible negociación.
"Tenemos que hacer compatible El Prat con la Ricarda", aseguraba la 'consellera' Jordà
La propia Jordà ya advirtió el año pasado, cuando la expansión de la infraestructura se puso sobre la mesa que sería "la primera defensora de La Ricarda". Aunque no acudió a la manifestación contra el proyecto, sí fue clara: "Tenemos que hacer compatible El Prat y la Ricarda". Esta semana, insistió: "Yo es que pienso que aquel proyecto de entonces no era posible; el aeropuerto es un actor más y hoy cumplimos con los deberes que teníamos pendientes".
El proyecto catalán va incluso más allá de lo que proponía Aena y protegerá espacios de pueblos como Molins de Rei y Sant Boi de Llobregat, ambas más lejos de la desembocadura del Llobregat.
Aunque se trata todavía de un boceto en un despacho que debe consensuarse con los diferentes alcaldes de la zona, ya tiene reservada una inversión de 49 millones de euros hasta 2026. Mientras 2022 y 2023 se dedicaría principalmente a la redacción y planificación de las reformas, las obras de mejora arrancarían en 2024 y se prolongarían durante al menos tres años.
Las exigencias de Europa con El Prat
Cabe destacar que la expansión de la zona protegida no es ningún capricho de la Generalitat. En febrero de 2021, la Comisión Europea remitió una carta al Gobierno notificando la apertura de un expediente sancionador por no proteger el Delta del Llobregat. Al estar transferidas las competencias ambientales a la Generalitat, era la autonomía la que debía actuar después de años de no haber aplicado ninguna medida de compensación por las obras acometidas durante más de dos décadas.
Tras haber recibido una denuncia de la oenegé Depana, Bruselas solicitó a España medidas adicionales para proteger el espacio Natura2000. "Debe adoptar las medidas necesarias para evitar cualquier nuevo deterioro del lugar como consecuencia de la ejecución de grandes proyectos de infraestructuras, como las ampliaciones del aeropuerto internacional y del puerto marítimo de Barcelona", avisó. Es probable pues que el visto bueno europeo a la ampliación de El Prat jamás hubiese llegado.
Si el plan de la Generalitat no sale adelante, hasta 4.000 hectáreas acabarán protegidas frente a las 2.372 que dibuja el Ejecutivo catalán, advirtió Jordà.
Faus y Sánchez Llibre piden que no se abandone la ampliación de El Prat
La nueva medida es evidente que dificulta todavía más una inversión a la que parte de la sociedad no renunció. El último en negarse a darla por perdida fue el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre. El líder patronal prepara un acto para volver a poner sobre la mesa el proyecto que se celebrará el próximo 21 de noviembre en el IESE con personalidades del sector aeroportuario del planeta.
"El objetivo es obtener la complicidad de la Generalitat y el Estado porque nosotros no damos por perdida la ampliación", aseguró en un encuentro con periodistas.
En las últimas jornadas del Círculo de Economía, celebradas en Barcelona el pasado mayo, el presidente de la institución, Javier Faus, también pidió al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que recuperen el debate sobre el aeropuerto. "No es un debate solo sobre la ampliación o sobre la sostenibilidad, que también, sino que es una infraestructura necesaria para conectarse con Asia, y por eso pido que se vuelva a negociar", señaló.
El Gobierno asegura que la suspensión de las obras en El Prat "no es irreversible"
El plan también tiene complicidades políticas. Principalmente procedentes del PSOE y el Gobierno. La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, aseguraba en marzo que la suspensión de la expansión "no era irreversible" y se negó a enterrar la inversión de 1.700 millones de euros que suponía la obra.
Contra el nuevo proyecto medioambiental de la Generalitat también están los agricultores del Delta del Llobregat. El Institut Agrari considera la escalada de la zona protegida como un "ataque al sector agroalimentario" y el sindicato Unió de Pagesos explicó que presentará alegaciones para que el abanico de medidas "no terminen por afectar a la actividad agraria".
