Telefónica acaba de iniciar un arbitraje contra Colombia con el apoyo del despacho internacional White & Case. La operadora ha presentado una demanda ante el Ciadi, dependiente del Banco Mundial, con la intención de hacer frente a una sanción impuesta por el país a la operadora española y la mexicana Claro.
Ambas empresas iniciaron el pasado agosto conversaciones con el Gobierno de Colombia para evitar el pago de un total de 1.500 millones de euros exigido por un tribunal de arbitraje administrativo, de los que 318 millones corresponden al grupo español y más de 1.000 millones al mexicano.
No obstante, pese a que los intereses son comunes para ambos grupos, cada cual ha emprendió estrategias diferentes. La española pretendía agotar todas las vías de negociación a su alcance antes de acudir al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias (Ciadi), mientras que el operador propiedad de Carlos Slim ya comunicó el asunto al organismo internacional, un extremo al que se acaba de sumar ahora la compañía presidida por José María Álvarez Pallete.
La obligación del pago impuesto por el laudo del Tribunal de Arbitramiento de la Cámara de Comercio dejaría sin recursos a los dos operadores para afrontar las inversiones en el despliegue de redes y en las mejoras en el servicio de telefonía móvil, con el riesgo que eso supone para los principales jugadores del sector de las telecomunicaciones y el perjuicio directo que eso derivaría en los ciudadanos y en el conjunto del país.
Por ese motivo, la compañía realizó en agosto pasado una ampliación de capital que le permitió pagar su parte correspondiente de la sanción.
El litigio perdido por Movistar Colombia y Claro obliga a las telecos a devolver el valor de unos activos que exceden las propias concesiones de frecuencias que recibieron hace 24 años. En dicho pago se valoran los recursos técnicos que permiten la actividad de la telefonía móvil, tales como la plataforma tecnológica, los sistemas, las estaciones base y el resto de las infraestructuras de la red.
