Google ha llevado el ejercicio del lobby a la Universidad. No sólo presiona a la clase política de todo el planeta con sus abogados y expertos en primera persona, sino que lo hace de forma indirecta financiando estudios aparentemente desinteresados - como debe serlo cualquier investigación académica que se precie - para influir en las decisiones políticas.
Según una investigación del Wall Street Journal, Google ha financiado cientos de investigaciones académicas que apoyaban sus posturas en diferentes cuestiones sobre competitividad y recolección de datos personales, abonando entre 5.000 y 400.000 dólares por cada texto. Y lo que es peor, muchas de esas investigaciones no cumplían con el requisito ético de afirmar que habían recibido dinero de la macrocompañía tecnológica.
El diario cita a un antiguo empleado y lobista de Google, que afirma que la empresa del buscador de Internet pagaba viajes a los investigadores para que se reunieran con ayudantes de congresistas y oficiales de la administración. El objetivo era presionar, desde el mundo académico, a los legisladores para que éstos aceptaran los métodos de una compañía que actúa casi como un monopolio: el 92% de las búsquedas en Internet se hacen con su buscador, y el 54% del planeta usa Chrome como navegador, y el 73% de smatphones del planeta usan el sistema operativo Android.
Entre otras cuestiones, gracias a estas investigaciones Google consiguió librarse de las acusaciones antitrust que emitió la Comisión Federal de Comercio de EEUU en 2012. Así, en las publicaciones patrocinadas se defiende que Google pueda recabar datos de los usuarios como contraprestación de un servicio gratuito, que no dio prioridad a la hora de posicionar sus productos frente a los de la competencia o sobre el derecho de enlazar a noticias de sitios webs informativos sin tener que pagar una tasa a los editores por indexar y reproducir su información.
Según el Wall Street Journal, Google financió un centenar de documentos académicos sobre políticas públicas desde el año 2009, y otro centenar de documentos fueron escritos gracias a la financiación de 'think tanks' o centros de investigación universitarios que reciben fondos de Google y otras firmas tecnológicas.
Al margen de los datos económicos, Google centra ahora sus esfuerzos en eludir los perjuicios que pueden causarle las leyes europeas, más restrictivas que las estadounidenses. Según los datos del Portal de Transparencia de la Unión Europea y referido a los 12 últimos meses, la multinacional estadounidense ha movido a sus representantes en la Comisión Europea en 53 ocasiones desde mediados de mayo de 2016. En total, el buscador dispone de ocho lobbistas acreditados en la Comisión Europea y lidera un ranking de lobby formado por 3.521 organizaciones.
El hecho de que las grandes compañías ejerzan presión sobre los legisladores para cuidar sus intereses empresariales no es nada nuevo. Coca-Cola y Pepsi llevan años haciéndolo para evitar problemas sobre sus bebidas altamente azucaradas, Apple presionó para impedir la aprobación de una ley que obligara a vender repuestos para componentes de sus iPhone y facilitar su reparación, Amazon hace lobby para que se permita el reparto con drones y la fabricación de camiones de mayores dimensiones.
Según el Center for Responsive Politics, Boeing gastó 17 millones de dólares el pasado año para hacer lobby en Estados Unidos, la petrolera Exxon Mobil invirtió 11,8 millones y Amazon 11,3 millones, por poner algunos ejemplos de las grandes compañías. Alphabet (Google) destinó 15,4 millones en 2016 y 16,6 millones en 2015. Entre 2003 y 2014, cuando aún se denominaba Google, la tecnológica gastó 75 millones de dólares en actividades de lobby. Al menos, en las que quedan registradas por ley.
