España se une al grupo de países que reaccionan a las prácticas de ingeniería fiscal de las multinacionales. Así, la Agencia Tributaria registró la sede de Google por un hecho insólito: el gigante declara beneficios en nuestro país por la irrisoria cantidad de 4,4 millones. Tan baja cifra es posible gracias a que Google España es filial de una matriz situada en un país de fiscalidad más laxa, Irlanda, a la que se desvían beneficios, en concepto de pago de los más variados cánones.
El sistema es conocido y legal en una UE en la que no hay armonización fiscal. Pero eso no implica que Hacienda deba paralizarse. Intervenciones semejantes ocurridas en Reino Unido e Italia (o incluso en EEUU) obligan a las empresas a llegar a acuerdos y contribuyen a atajar una tributación anómala.