Las administraciones autonómicas adeudan más de 140 millones de euros a los organismos de investigación representados por la Federación Española de Centros Tecnológicos , Fedit.
Así lo indicó ayer el organismo en una nota, en la que asegura que el endeudamiento de estas administraciones contraida con los centros ha crecido un 10 por ciento respecto al año pasado.
Según Fedit, el hecho de que no se haya incluido a los Centros Tecnológicos en el Plan de Pago a Proveedores impulsado por el Gobierno el año pasado, está llevando a muchos de ellos a una situación difícilmente sostenible.
Por ello, Fedit "viene reclamando que, de forma urgente, se establezcan medidas que favorezcan que las administraciones autonómicas deudoras puedan hacer frente al abono de los trabajos desarrollados y debidamente justificados desde hace ya años por los Centros ".
Mayor competitividad
El representante del sector asegura que "la preocupación es máxima", ya que los Centros están afrontando las consecuencias con "duras decisiones, a pesar de que sus resultados estén demostrando que son capaces de mejorar los niveles de competitividad de las empresas con las que trabajan".
De hecho, "así queda reflejado en los diferentes estudios e informes que desde la Federación venimos realizando sobre el impacto de los Centros en la economía y el empleo".
Sin ir más lejos, el 30 por ciento de la I+D empresarial española se desarrolla en los Centros Tecnológicos , que "representan un motor de crecimiento económico que no puede ser frenado, todo lo contrario, la I+D aplicada y el desarrollo tecnológico ha de ser la apuesta para salir de la crisis a la que se enfrenta nuestro país", indica la Federación.
"El beneficio general de estos organismos en la mejora de la competitividad de las empresas españolas es una realidad que justifica gran parte de las buenas noticias para nuestra economía derivadas del incremento de la actividad exportadora de nuestro país y el crecimiento de nuestra balanza comercial"
En este sentido, el presidente de Fedit, Salvador Bresó, recomienda que "las reformas que han de abordarse para afrontar la crítica situación económica en la que nos encontramos" tienen que estar abanderadas por una "reorientación de los recursos hacia aquellos que hayan demostrado eficacia, eficiencia y rentabilidad".
Por ello, si nos centramos en el escenario de la investigación e innovación española, es "necesario centrar las inversiones públicas en Organismos de Investigación que las destinen a la investigación aplicada y el desarrollo tecnológico orientándolas hacia la transferencia del conocimiento a la empresa y que pueda dar lugar a la mejora de sus resultados económicos por ganancias en su competitividad".
