La propuesta de borrador del canon digital que gravará los dispositivos susceptibles de grabar o reproducir contenidos, que comienza a ser conocida por fabricantes e industria de contenidos, ha levantado hoy las primeras reacciones, con la denuncia de algunas entidades de gestión.
El secretario de Estado de Telecomunicaciones, Francisco Ros, señaló recientemente que se ha llegado a un consenso entre los ministerios de Industria y Cultura en los dispositivos que serán gravados y en su cuantía pero que todavía no se ha plasmado en un borrador.
El Director General de la patronal tecnológica Asimelec, José Pérez, dijo hoy a EFE que la administración ha comenzado a comentar con el sector, de forma verbal, las líneas de la futura propuesta que recogen un canon por dispositivo y no por capacidad de memoria del mismo, simplificando a lista de productos, y reconoció que incluye los dispositivos de telefonía móvil.
Las entidades de gestión AISGE, EGEDA y DAMA han hecho pública hoy una nota en la que rechazan la propuesta, al entender que "ésta supone un importante perjuicio económico" para sus representados, aseguraron hoy en un comunicado.
"Futuros recursos y procedimientos"
AISGE, EGEDA y DAMA anuncian "futuros recursos y procedimientos administrativos" en el caso de que se haga efectiva una propuesta que "es técnicamente defectuosa respecto a los requisitos exigidos por la Ley".
Igualmente avanzan que esto ocasionaría la supresión o recorte de las ayudas asistenciales y promocionales que vienen desarrollándose a favor de sus asociados, como ayudas médicas y complementos de pensiones, promoción de festivales, mercados y escuelas de cine.
Para las entidades de gestión del sector audiovisual, estas nuevas tarifas constituyen una medida "inaceptable y arbitraria" que supone una reducción de sus derechos, en una sociedad en la que "se permite realizar masivamente copias de obras audiovisuales".
¿Cuantías obsoletas?
Ante esta medida "se producirá una drástica caída en la percepción de los derechos, que sólo beneficiaría a las industrias fabricantes de equipos, aparatos y soportes, que aumentarían sus márgenes de beneficio", continúa el comunicado.
La compensación por copia privada digital debe ser fijada "sin olvidar que las cuantías determinadas en el año 1992 han quedado obsoletas", recuerdan las tres asociaciones, que también reconocen "la labor negociadora que está llevando a cabo el Ministerio de Cultura para lograr una solución consensuada".
Aún es pronto para valorarlo
José Pérez explicó a EFE que, aunque todavía es pronto para hacer una valoración ya que de hecho "no hay ni borrador", parece que supone una rebaja económica frente a las pretensiones de las entidades de gestión, aunque está lejos de las peticiones de los fabricantes.
Reconoció que la gran distancia entre la entidades de gestión y la industria hacen prácticamente imposible que la propuesta satisfaga a alguien.
Insistió en que todavía no han tenido en la mano una propuesta concreta que después tendría que pasar por el ministerio de economía y por las entidades de usuarios tal como establece la Ley.
Según la Ley, el canon digital tiene que negociarse cada dos años entre las entidades de gestión y la industria, pero la distancia entre ambas propuestas hizo que se rompieran las negociaciones a finales del año pasado y comenzará así un largo proceso de consenso entre los ministerios de Industria y Cultura.
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