La culpa fue del 'Fat Finger', del dedo gordo. Los anglófonos disponen de su propia terminología para describir la situación en la que se presiona la tecla equivocada por accidente, despiste o torpeza. Esta actuación ocurre con hilarante frecuencia en los mensajes de whatsapp, pero nunca había sucedido algo similar en una puja de frecuencias de móviles, con muchos millones e intereses en juego.
La tensión del momento, las prisas por actuar antes que el contrario, el soporífero goteo de pujas o el cansancio propio de jornadas maratonianas no justifican el desliz de Andrés Fernández de Castro, apoderado del operador Novator Partners (conocido por su marca Wom), que pagó diez veces más de lo debido en la última subasta de frecuencias móviles, la correspondiente al espectro de 700 MHz la banda idónea para ofrecer servicios de 5G.
En concreto, el pasado 20 de diciembre, tras nueve horas de subasta, el atribulado representante de Novator Partners pujó el equivalente a 528,1 millones de dólares) por el bloque número 2 de 2.500 MHz cuando la intención era hacerlo por 52,81 millones de dólares al cambio. De hecho, el precio aproximado de esos activos oscilaban entre los 50 y 53 millones de dólares. Por ejemplo, el bloque 6 se adjudicó por 52,4 millones. Es decir, la oferta superaba en el 1.000 por ciento el valor base del bloque de frecuencias.
Parece fácil imaginar la reacción de propios y extraños ante tamaño alarde económico. La compañía afectada entró en crisis, el Gobierno Colombiano se frotó inicialmente las manos ante el éxito de la subasta y el resto de los licitantes dieron un paso al lado entre la sorpresa y estupor.
Tres horas después, poco antes de medianoche, Novator Partners pidió al Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) el detalle del registro de las operaciones y advirtió oficialmente del disparate.
Por su parte, el Gobierno colombiano indicó inicialmente que el operador no podía retirar la oferta ya que estaba avalada por la firma digital. Además, para hacer firme cada oferta vinculante se requería confirmarla hasta en tres ocasiones. Tras semanas de deliberación, el Ejecutivo Colombiano finalmente se avino a atender las súplicas del cuarto operador de aquel país. De hecho, el MinTIC accedió a la solicitud del fondo Novator Partners de renunciar al bloque de 10 MHz en la banda de 2500 MHz, argumentando que cometió un error de digitación en el precio ofrecido, según informa la agencia Efe. Al mismo tiempo impuso una multa de 42.000 millones de pesos (unos 12,4 millones de dólares), importe que será descontado de la garantía financiera depositada por la empresa. La procuraduría general de Colombia (el ministerio fiscal) indicó en un comunicado que "no se observa un yerro sobre el procedimiento de la subasta". También apunta que el escarnio "no es el más favorable para los intereses del Gobierno Colombiano" y advierte que "sentaría un precedente de inseguridad jurídica, pues, no se estarían respetando las reglas iniciales de la subasta".
Por el contrario, el resto de los competidores de Novator no parecen tan benévolos ante el disparate del rival. De esa forma, Telefónica, Claro y Tigo pusieron en marcha a sus respectivos equipos jurídicos y alzaron la voz para advertir que el perdón "compromete la seguridad jurídica de las inversiones en el país".
A través de un comunicado, Telefónica Movistar Colombia "ha rechazado enfáticamente la decisión del Ministerio de TIC de aceptar de manera arbitraria la renuncia de Partners a un bloque del espectro por el que se había comprometido a pagar 1,7 billones de pesos". Para la filial colombiana de Telefónica, esta acción conculca "las condiciones de la subasta y establece un precedente muy grave pues Partners renunció a una oferta irrepudiable hecha electrónicamente y de manera válida". Por todo lo anterior, el operador insiste "en que con lo sucedido se afectó la dinámica de la subasta incidiendo sobre Telefónica y afectando todo el mercado. Además, genera un antecedente negativo de cara a la seguridad jurídica y la protección del patrimonio".
Tigo se alineó con Movistar al indicar que "después de ceder ante las presiones del nuevo operador, el Ministerio TIC cambia las reglas del juego y llena de incertidumbre jurídica un proceso que requiere altas inversiones a largo plazo". Según Tigo, "el impacto de esta decisión, más allá de los 1,7 billones de pesos que dejará de recibir el Estado, afectará la inversión local y extranjera en el sector durante años, e incluso la seriedad de los procesos de adjudicación de contratación pública".
Claro también fue contundente al indicar que "esta industria requiere de jugadores serios, comprometidos con el largo plazo y dispuestos a invertir". Las normas fueron totalmente claras y conocidas por todos", sentenció la empresa en un comunicado donde recalcó que "era muy claro que no se podía alegar un error para evitar cumplir lo ofertado". Por todo lo anterior , para Claro, esta decisión "dejará vulnerable jurídicamente hablando al proceso y sentará un fatal precedente para las futuras subastas".
