Los abogados de Apple vuelven a ponerse en guardia. No hay tregua en Europa para una compañía que, además de las denuncias en materia fiscal, ahora sufrirá una investigación de tipo penal en Francia y deja la puerta abierta para actuaciones similares en España por presunta obsolescencia programada.
Como si fueran piezas del dominó, la iniciativa en el país vecino ha abierto los ojos a diferentes asociaciones de usuarios españolas, también contrarias a que cualquier fabricante determine el fin de la vida útil de un producto con fines lucrativos. Entre las organizaciones de consumidores que se han movilizado destaca Facua, que al cierre de esta edición estaba "evaluando las posibles actuaciones penales contra Apple".
La señal de alarma en la compañía estadounidense se activó el pasado lunes por la noche, instantes después de que la Fiscalía de Francia analizara la posible existencia de delitos de fraude y obsolescencia programada de los iPhones más antiguos. De esa forma, lo que hasta el momento venía a ser pasto de rumores y especulaciones, la Justicia francesa lo convirtió en el centro de sus pesquisas: el deterioro en el rendimiento de los smartphones con el paso del tiempo no parece casual, sino que podría ser algo premeditado por sus responsables con fines comerciales.
El dedo en la llaga lo puso una asociación francesa de usuarios, denominada Alto a la obsolescencia programada (HOP), convencida de que ciertas compañías tecnológicas diseñan sus productos para que dejen de funcionar a partir de determinado tiempo, para así promover su renovación. El posible origen de todos los males reside en las actualizaciones periódicas que Apple lanza a todo su parque instalado para mejorar determinadas funciones y servicios.
A finales del pasado año, Apple anunció su intención de facilitar el cambio de batería de sus modelos a partir del iPhone 6 tras reconocer que las actualizaciones de su sistema operativo podrían afectar al funcionamiento de equipos antiguos. Al contrario de lo que sucede en muchos países europeos, en Francia está tipificado como delito la obsolescencia programada.
Apple ya tuvo que defenderse en el año 2003 tras la acusación de que la batería de sus iPods apenas duraba 18 meses, plazo de tiempo en el que los usuarios podrían plantearse la renovación del terminal.
Situación en España
Según indicó Rubén Sánchez, portavoz de Facua, "en España ninguna Administración Pública ha anunciado medidas contra Apple, ni la CNMC, ni el Ministerio de Sanidad, que tiene las competencias de protección al consumidor, ni tampoco ninguna de las 17 comunidades autónomas, que tienen competencias plenas de defensa del consumidor y podrían imponer sanciones".
En opinión de Facua, "lo que podría hacer el Ministerio de Sanidad es llevar a los tribunales a Apple, ya que ha vulnerado la legislación y se la podría multar perfectamente, más allá de que nuestros abogados estén evaluando posibles responsabilidades penales para ver si llevamos a cabo alguna actuación en ese sentido", dijo.