Los principales operadores de telecomunicaciones prevén declararse insumisos ante el próximo requerimiento del pago de la Tasa General de Operadores. Dicha carga no podrá exceder el 1,5 por mil de los ingresos brutos de explotación de los casi 3.000 operadores registrados en España. En 2013, esta tasa se cifró en 15 millones de euros, según indican fuentes del sector.
La última vez que los operadores fueron requeridos para liquidar esta carga fue el pasado diciembre de 2016, cuando la CNMC reclamó un pago que finalmente no fue satisfecho. Ante las lagunas que históricamente ofrece esta tasa, el Gobierno ha decidido revisar profundamente la metodología, según apuntan las mismas fuentes.
La actitud prevista por las telecos no sorprenderá a la CNMC ni tampoco al Gobierno. De hecho, los operadores ya han dejado claras sus intenciones de no satisfacer ese tributo y de recurrir en las instancias que sean necesarias.
El principal motivo esgrimido por las telecos para su insumisión fiscal guarda relación con la ausencia de motivos que justifiquen dicho pago. Inicialmente, algunas telecos eludieron la tasa y depositaron el importe reclamado en avales bancarios.
La historia se repite
Tras lograr el respaldo del Tribunal de Justicia Europeo, los principales operadores dieron la batalla por ganada. Sin embargo, el Gobierno persiste en satisfacer dicho pago y, a finales del año pasado, ya tramitó -a través de la CNMC - el correspondiente recibo por la tasa de operadores correspondiente al año 2013, sin que las telecos mostraran intención de pagar. Y la misma historia se repetirá previsiblemente a finales de diciembre: el regulador presumiblemente enviará la tasa a los operadores y estos volverán a no darse por aludidos.
Diversas sentencias del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional han anulado liquidaciones de la referida tasa, ya que el importe demandado superaba con creces los costes incurrimos por el regulador. Lo mismo ocurrió con el Tribunal de Cuentas, que en su informe sobre la desaparecida Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) ya precisó que los operadores tributaron más de lo debido, entre 2007 y 2011, en concepto de la Tasa General de Operadores.
Este órgano fiscalizador señaló que los ingresos demandados "eran muy superiores al importe de los costes totales de su actividad, incumpliéndose el principio de equivalencia". Mientras que la antigua CMT se financiaba en un 80% con la tasa de operadores, los ingresos de la CNMC proceden de los Presupuestos Generales del Estado.
