La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado a Telefónica con tres millones de euros por ofrecer un trato desigual a sus competidores durante la huelga de instaladores de infraestructuras de telecomunicaciones, realizada entre marzo y junio de 2015.
A grandes rasgos, Telefónica optó por atender las necesidades de sus clientes antes que los del resto, lo que colisiona con su posición de operador dominante.
Según considera el árbitro de los mercados, la compañía concedió la máxima prioridad a resolver las demandas de sus propios clientes, dejando a los de los operadores alternativos en un segundo término.
Según se desprende del expediente sancionador de la CNMC, Telefónica "ha incumplido la obligación de no discriminación que tiene impuesta dada su posición como operador con poder significativo en los mercados mayoristas de banda ancha". Según la legislación actual, la compañía "debe prestar a terceros recursos equivalente a los que proporciona a sí misma", lo que incluye idénticas condiciones y plazos, así como criterios de calidad de servicios.
Esto último también exige que los plazos de entrega de suministro deben ser iguales para todos, sin distinciones de compañía ni ubicación física. Como es preceptivo, Telefónica dispone de dos meses para interponer un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional. De hecho, la compañía que en España preside Luis Miguel Gilpérez ya ha confirmado su intención de recurrir "por considerar esta multa carente de fundamento legal y totalmente desproporcionada". La compañía también incidió en que "durante la huelga de instaladores se hicieron todos los esfuerzos para cubrir la provisión y reparación de averías, a pesar de los más de 4.000 sabotajes que sufrió su red fija durante cuatro meses". También apuntó que "al tratarse de una situación excepcional y de fuerza mayor, Telefónica no es responsable de los retrasos en la provisión a sus competidores causados por terceros?.
El organismo regulador ya sancionó a principio de año a Telefónica de España con cinco millones de euros, entonces por incumplimientos en la Oferta de Acceso al Bucle de Abonado (OBA). En ese caso, Telefónica consideraba "falsas averías" de forma sistemática muchas de las incidencias que sufrían las líneas alquiladas a sus competidores. La CNMC consideró que esas prácticas pudieron suponer pérdidas de millones de euros para otras compañías de telecomunicaciones, así como considerables perjuicios en imagen y credibilidad.
La CNMC inició en abril de 2016 el procedimiento de sanción que ahora ha materializado en multa. Fue entonces cuando comenzó a investigar la existencia de presunta discriminación en el trato que Telefónica profería a Vodafone y Orange durante la referida huelga de instaladores que protagonizaron las subcontratas de Telefónica. A partir de ese momento, el organismo que preside Marín Quemada dispuso de un año para instruir el expediente sancionados y resolver el caso.
