
Tanto FEDETAXI como la Federación Profesional del Taxi de Madrid (FPTM) han reaccionado ante la llegada de Uber a Madrid con su servicio de UberX. Éste último incluso ha advertido que denunciará a la plataforma si aprecia alguna irregularidad en su regreso a la actividad en Madrid tras más de un año sin operar en España.
Uber, que suspendió su actividad en España a finales de 2014, ha vuelto a Madrid con su servicio de UberX que únicamente emplea coches con conductores con licencias de VTC (autorización de arrendamiento de vehículos con conductor)
A raíz del regreso a la actividad de la plataforma, la Federación Profesional del Taxi de Madrid (FPTM) ha recalcado en un comunicado que Uber deberá cumplir con la legislación vigente de los vehículos de alquiler con conductor, los conocidos como VTC.
"Desde la Federación utilizaremos todos los recursos legales que tenemos a nuestra disposición para que la Administración y los tribunales velen por la legalidad vigente", ha expuesto el portavoz de la Federación, Julio Sanz.
La normativa, entre otras cosas, prohíbe circular a este tipo de vehículos salvo en los casos en los que estén prestando un servicio previamente contratado con el usuario. Algo que el nuevo servicio hará ya que sólo se puede parar un coche de UberX previa reserva a través de la aplicación.
Por su parte FEDETAXI considera que "Uber retorna precipitadamente y sin flota suficiente para prestar un servicio de calidad a los usuarios porque estaba perdiendo la guerra por monopolizar el mercado del transporte de viajeros con otras aplicaciones que sí se ajustaron a la normativa para operar en el mercado".
El Presidente de FEDETAXI, Miguel Ángel Leal, ha querido recalcar que "Uber entró en el mercado como una red ilegal de transporte y por eso fue prohibida. A ver qué hacen ahora porque sus antecedentes no son limpios".
Dicha federación ha informado que se reunirá esta tarde en la sede del Ministerio de Fomento con el resto del sector de transporte de viajeros para "evaluar si la CNMC se excede en sus labores de 'agencia publicitaria' a favor de la multinacional y en contra de un servicio público regulado por la ley".