Estados Unidos y otros cuarenta países han lanzado una iniciativa para intentar llegar a un acuerdo global que prohíba el comercio de los programas de hacking más avanzados, con el objetivo de que no lleguen a las manos de los regímenes que Estados Unidos considera más peligrosos.
Se trataría de replicar, a nivel informático e internacional, la prohibición que EEUU ya impone a la exportación de numerosos componentes militares. Y tendría el mismo objetivo: evitar que sus adversarios más poderosos dispongan de las armas más avanzadas, para forzarles a ir siempre un paso por detrás.
El problema para Estados Unidos es que la industria del software no parece estar tan dispuesta como la de armamento a dejarse poner un arnés.
Peor el remedio que la enfermedad
Los desarrolladores dejan claro que sería casi imposible determinar, con reglas sobre el papel, qué programas han sido creados para espiar o atacar a Estados Unidos, y cuáles para proteger a las empresas y organismos públicos de la Unión contra esas mismas amenzas.
La mayor parte de la industria estadounidense cree, de hecho, que no hay absolutamente ninguna distinción entre los programas que usan las empresas de seguridad para detectar los posibles agujeros en el perímetro de defensa informático, y los que utilizan grupos privados o militares extranjeros para encontrar esos mismos agujeros, y colarse por ellos.
El proceso burocrático que llevaría aparejada la exportación del software de seguridad más avanzada podría dificultar las operaciones de numerosas empresas -como la gran banca multinacional, que necesita propagar con rapidez entre sus filiales las sucesivas mejoras de seguridad-, y no haría más seguro el planeta.
"Nadie niega que algunas de esas herramientas son muy poderosas, ni que el Gobierno de EEUU debe tener un papel cuando se vendan a China, Rusia o regímenes autoritarios (...) pero los controles a la exportación serán probablemente ineficaces si de lo que se trata es de alejar esas herramientas de los Gobiernos", afirma Stewart Baker, un antiguo consejero de la todopoderosa NSA en The Wall Street Journal.
Al toparse con la oposición de firmas del sector como Symantec, Google o Cisco, pero también de gigantes de la industria de defensa convencional como Boeing, Northrop o Raytheon, el Gobierno de Barack Obama tendrá muy complicado seguir adelante con sus planes.