La privacidad y la protección de datos se han convertido en dos pilares muy importantes en nuestra vida, tanto que las autoridades se han puesto las pilas, y hoy en día en la Unión Europea infringir estos derechos puede conllevar grandes sanciones.
Y un claro ejemplo de ello es la noticia que recoge la web Lawspot, que aunque sea un caso de 2022 en Grecia, escenifica a la perfección cómo son las normas hoy en día y cómo hay que asegurarse de que no estamos infringiendo o afectando a la privacidad de otros.
Todo comenzó con la denuncia de una persona que se quejaba de que sus vecinos habían instalado una serie de cámaras en su parcela, en la que denunciaban la vulneración de sus derechos de privacidad debido a que la cámara grababa su parcela también.
La denunciante insistía que las tres cámaras que habían instalado sus vecinos, a pesar de que ellos aseguraban que habían sido puestas para vigilar su parcela en la que tenían un restaurante y la casa, enfocaba y grababa también lo que pasaba en su casa.
Los vecinos aseguraban que que estas no daban a ningún espacio público o privado de otro propietario ni estaban conectadas a un dispositivo de grabación, sino que tenían una tarjeta de memoria que almacenaba las grabaciones de cinco días y después la eliminaba.
Sin embargo, la denunciante estaba convencida que lo que decían no era cierto y siguió luchando para que las autoridades interviniesen. Esto obligó a sus vecinos a tener que aportar pruebas que probasen que la denunciante se equivocaba, y es aquí donde se descubrió la verdad.
Los denunciados tuvieron que presentar las imágenes de los días correspondientes a la denuncia, y se descubrió que las cámaras tenían la capacidad de girarse, y en una de las toma, captaban imágenes de la propiedad del denunciante, grabando los movimientos de sus familiares.
En este momento, los denunciados presentaron un certificado de la empresa de seguridad, según el cual una cámara no funcionaba, mientras que la segunda "se había desenfocado debido a fenómenos meteorológicos y había perdido su punto de enfoque", razón por la cual estaba grabando la propiedad del demandante, aunque no existía tal intención.
Pero estas incongruencias llevaron a que las autoridades añadieran agravantes a las alegaciones de inocencia, ya que lo consideraron como intento de "engañar a las autoridades" por su falta de cooperación. Todo ello resultó en un incumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), y debido a que las cámaras funcionaban en parte para un negocio, se impuso una multa de 3.000 euros a cada uno de los dos demandados, ascendiendo a un total de 6.000 euros de sanción.