Luxemburgo
La abogada general de Tribunal de Justicia de la Unión Europea Juliane Kokott ha respaldado este jueves la decisión de Bruselas de imponer una multa a Google de más de 4.100 millones de euros por abusar de posición dominante en el mercado comunitario y ha recomendado a la corte europea que desestime el recurso de la multinacional tecnológica y confirme la decisión de Bruselas.
La conclusión de la abogada general no es vinculante pero sienta las bases de la decisión que tomará el Tribunal de Justicia de la UE. Recomienda, así, al alto Tribunal que desestime el recurso del gigante estadounidense y confirme la sentencia que ya dictó el Tribunal General de la UE en 2022.
"La apreciación de los hechos y de las pruebas llevada a cabo por el Tribunal General no puede ser impugnada ante el Tribunal de Justicia y, por otra parte, los argumentos jurídicos invocados por Google son inoperantes", indica el Tribunal de Justicia de la UE en un comunicado.
"No se equivocó al recalcular la multa", ha indicado la abogada general en relación a la decisión del Tribunal General de rebajar la sanción a 4.124 millones de euros al considerar nula la decisión en lo que se refiere al reparto de ingresos a los fabricantes y operadores de redes por aceptar el compromiso de no preinstalar ningún otro servicio de búsqueda que no fuera de Google.
En 2018, la Comisión Europea impuso una multa de 4.343 millones de euros a Google por abusar de posición dominante en el mercado comunitario con su sistema operativo para móviles Android, a través del cual promueve el uso de sus propios servicios. La multinacional estadounidense no estuvo conforme con la decisión y presentó un recurso contra la decisión el Ejecutivo comunitario ante la Justicia Europea
La Comisión Europea observaba que Google restringía la competencia del mercado desde 2011, con prácticas como que los fabricantes tuvieran que obtener una licencia para la tienda de aplicaciones de Google, Play Store, si preinstalaban las aplicaciones de Google Search y Navegación con Chrome.
Como añadido, para obtener la licencia para Play Store y Google Search los fabricantes debían comprometerse a no vender dispositivos con versiones anteriores o no autorizadas por Google y la multinacional tecnológica condicionaba la participación de ciertos fabricantes y operadores de redes a que se comprometieran a no preinstalar ningún otro servicio de búsqueda que no fuera de Google.
Android ha servido a la compañía para "consolidar el dominio de su motor de búsqueda, ha negado a los rivales la oportunidad de innovar así como competir en función de los méritos y ha impedido a los consumidores europeos beneficiarse de una competencia efectiva. Es ilegal según las normas antimonopolio de la UE", indicaba la entonces la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager.