Después de cinco meses de operación de la Interpol en colaboración con hasta 30 países de todo el mundo, se han detenido a unos 975 sospechosos vinculados a un gran grupo cibercriminal que había robado más de 130 millones de dólares a través de numerosos ataques y estafas vía internet.
La ciberdelincuencia está viviendo sus momentos más álgidos, la digitalización de la gran mayoría de servicios y trabajos ha hecho que cada vez tengan existan más víctimas potenciales, que a pesar de estar más concienciados de los peligros siguen cayendo en las estafas y engaños que los hackers les envían.
En muchas ocasiones esto ocurre porque los ciberataques están muy bien organizados, principalmente porque se trata de una organización criminal que tiene diversas estrategias y muchísimos recursos. Esta semana la Interpol ha finalizado la operación HAECHI III, una intervención que comenzó en junio de este año, y ahora cinco meses después se ha finalizado con aproximadamente 975 detenidos.
Esta macro redada se ha realizado con la colaboración de hasta una treintena de países de todo el mundo y sus departamentos de la Interpol. El ciber-grupo criminal está acusado de cometer más de 1.600 delitos financieros y de blanqueo de capitales por medios informáticos a través de ataques de phishing, estafas de suplantación de identidad, estafas románticas, sextorsión y timos de inversiones.
"El éxito de esta operación se basa en dos elementos clave para la aplicación de la ley: seguir el dinero y la cooperación a través de INTERPOL. Hemos subrayado la necesidad de redoblar los esfuerzos para privar a los delincuentes de sus ganancias ilícitas, y en esta operación los países miembros han hecho precisamente eso." Ha explicado Jürgen Stock, secretario general de INTERPOL.
El éxito de esta macro operación se debe en gran parte también al uso del nuevo mecanismo internacional para la detención de pagos llamado Protocolo de Respuesta Rápida contra el Blanqueo de Capitales (ARRP). Este sistema permite trabajar conjuntamente a los países para que puedan presentar y tramitar solicitudes de inmovilización de fondos procedentes de actividades delictivas.
Desde que se extendió su uso, en enero de 2022, el ARRP ha conseguido recuperar y devolver a las víctimas más de 120 millones de dólares conseguidos por los ciberdelincuentes a través de los diferentes fraudes mediante medios informáticos que utilizaban.