El Gobierno puede monitorizar los movimientos anónimos y puntuales de población, con un margen de error de 200 metros, siempre con la colaboración de las compañías de telecomunicaciones. Según se desprende del panel de indicadores que maneja el Ministerio de Sanidad para gestionar la información de movilidad, el Ejecutivo reconoce su capacidad para conocer los movimientos por área de residencia. Además, el Gobierno puede ir al detalle, con una granularidad exhaustiva, gracias a la ayuda de las celdas de las antenas de telefonía, cuya precisión es inferior a la una manzana de edificios en muchas localidades del país. Según indica el Ministerio de Sanidad, la fuente para recabar estos datos son el Instituto Nacional de Estadística (INE) con el tratamiento a posteriori de los datos de las operadores de móviles.
Los dueños de las redes de telecomunicaciones tienen herramientas para conocer donde pernocta habitualmente cada tarjeta SIM operativa, hasta geoposicionarlo en un mapa, y también podría realizar la trazabilidad de dicho móviles. De hecho, y desde hace décadas, esas prestaciones son recursos frecuentes de la policía judicial y el CNI para combatir ciertos delitos. Pero una cosa es que el Gobierno disponga de esa capacidad técnica para monitorizar ciudadanos y otra muy diferente es que pueda llevarlo a cabo de forma masiva o multitudinaria. Con las herramientas tecnológicas actuales sería posible realizar esas tareas de control únicamente con la colaboración de los operadores de telecomunicaciones móviles y del Instituto Nacional de Estadística (INE). Entre otras condiciones, para disponer de un mapa de calor actualizado en tiempo real con los desplazamientos individualizados de los ciudadanos en su propio barrio, por ejemplo, se necesitarían sistemas de procesamiento de la información de cuya potencia actualmente adolecen los operadores, según explican expertos en redes. Sin embargo, de forma puntual, el tratamiento de la información sería viable. En ese supuesto y en casos concretos, las autoridades podrían controlar si el usuario de cierta tarjeta SIM -anónimo a ojos del Ejecutivo- ha abandonado su residencia cuando debería estar confinado por representar un vector de riesgo de la COVID-19, por ejemplo.
El Gobierno considera preciso monitorizar la relación entre la evolución de la movilidad y la transmisión de la epidemia, "para comprobar hasta qué punto las nuevas medidas de distanciamiento, profilaxis y prevención laboral están consiguiendo un mayor distanciamiento efectivo, y, por lo tanto, siendo efectivas en permitir una mayor reapertura sin poner en peligro el terreno ganado a la epidemia". Según añade, "los indicadores de movilidad están disponibles con elevada granularidad y cuando se cruzan con datos de puntos de interés permiten también hacer inferencia sobre los motivos del desplazamiento". Para cuantificar el nivel de movilidad de los ciudadanos, tanto en el interior como en el exterior de sus provincias, el Gobierno dispone del Estudio Big Data del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA). Para los movimientos de largo recorrido por distintas zonas geográficas, las autoridades utilizarán los sistemas de división del territorio peninsular en nueve zonas de la Dirección General de Tráfico.
Los datos correspondientes al uso del transporte público en los núcleos urbanos de mayor población de España los proveerán los diferentes consorcios de transportes, mientras que el transporte de pasajeros y mercancías, a través de la principales líneas e infraestructuras, lo aporta el MITMA. Como se desprende del último decreto de ley sobre desescalada, no se permitirá viajar a provincias diferentes a aquella en la que se resida.
El denominado plan para la transición hacia la nueva normalidad contempla de varios componentes, ordenados en función de su prioridad; Diagnóstico de sintomáticos en estadios iniciales de la enfermedad; Aislamiento de casos, para ello habilitando hoteles u otras instalaciones de uso voluntario; Trazado y cuarentena de contactos siempre garantizando el anonimato y la privacidad de la información; y la identificación proactiva de asintomáticos en colectivos de interés, como las residencias geriátricas.
