El Gobierno ha dado marcha atrás. Si hace dos semanas prohibió la portabilidad en telefonía fija y móvil, ahora vuelve por sus pasos y abre la puerta al trasiego de compañía de telecomunicaciones. Ahora bien, el Ejecutivo impone como condición que el derecho de los usuarios a cambiarse de proveedor de telefonía (conservando el número de teléfono) no implique la visita de técnicos a las casas de los usuarios.
En el nuevo paquete de medidas económicas, incluido en el Real Decreto que hoy aprueba el Consejo de Ministros, ese circunstancia permite a los operadores de móviles captar clientes a sus competidores, ya que la operativa está automatizada salvo la entrega de la tarjeta SIM. Por el contrario, en telefonía y banda ancha fija, el cambio de operador suele exigir la intervención de un técnico instalador.
Diversas compañías del sector expresaron su malestar al Gobierno tras el veto de las portabilidades debido la recorte de los derechos del consumidor y el impacto sobre el empleo. Los mismos representantes también pusieron como ejemplo a otros países, como Italia, que en ningún caso ha prohibido el tráfico de clientes entre compañías. Los mismos portavoces añadieron "la necesidad imperiosa de los usuarios para poder cambiar de compañía, en estos críticos momentos, si la conectividad disponible no responde a sus expectativas".
Respecto a la entrega de equipamiento o tarjetas SIM, otras fuentes del sector indican no existe ese tipo de limitaciones para multitud de empresas que utilizan sistemas logísticos de mensajería hasta el hogar.
Asimismo, el sindicato UGT ha mostrado su "absoluto rechazo" a la decisión del Gobierno de reactivar las portabilidades que no requieran desplazamientos físicos ni de los clientes ni de los profesionales que trabajen para las operadoras de telecomunicaciones y lo considera una "frivolidad" en un contexto de alerta sanitaria como la generada por el coronavirus, según informa Europa Press.
En un comunicado, el sindicato considera que esta medida no ha tenido en cuenta toda la casuística que presenta el sector de las telecomunicaciones, donde unos 15 millones de clientes tienen contratados paquetes convergentes de fijo, móvil e incluso televisión, lo que supone gran parte de los usuarios del país.