La Comisión Europea (CE) ha lanzado una clara advertencia a España sobre la necesidad de acometer en el corto plazo inversiones en materia de depuración y recolección de aguas residuales por un importe que se aproxima a los 5.000 millones de euros. De acuerdo con un documento interno del organismo comunitario, España, que ya ha sido sancionada por Bruselas y se arriesga a multiplicar las multas, ha de realizar actuaciones en alrededor de 1.000 aglomeraciones urbanas. El Gobierno sigue trabajando en un Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización.
La Comisión Europea ha cifrado las necesidades de inversión en el corto plazo en materia de agua apenas cuatro meses después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) condenara a España por su retraso en atender las obligaciones de tratamiento de las aguas residuales procedentes de nueve aglomeraciones urbanas de más de 15.000 habitantes. La sentencia obliga a España a abonar una multa coercitiva de un importe de 10,95 millones de euros por cada semestre de retraso y una suma a tanto alzado de 12 millones de euros.
Bruselas alerta de las deficiencias en materia de agua que tiene España en un borrador del The EU Environmental Implementation Review 2019, que presentará a comienzos del próximo año. Según el documento, España tiene que invertir alrededor de 5.000 millones de euros para asegurar la adecuada recolección y depuración de aguas residuales en un millar de aglomeraciones urbanas que están sujetas a alguno de los procedimientos de infracción que contempla la Comisión.
El importe advertido por la CE supera los 4.500 millones de obligada ejecución para evitar nuevas sanciones por incumplir la directiva europea que ha cuantificado la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de infraestructuras (Seopan). Representa el 37 por ciento de los 12.010 millones en que la organización ha cifrado el déficit inversor en infraestructuras de agua hasta 2021. En la actualidad existen 547 aglomeraciones urbanas de más de 2.000 habitantes en España -sobre un total de 2.100- que incumplen la normativa y que podrán recibir en el futuro multas, según advirtió la semana pasada el presidente de Seopan, Julián Núñez, durante una jornada organizada junto con Fidex.
De esos 12.010 millones, 3.500 millones corresponden a actuaciones de depuración y saneamiento, 2.900 millones a infraestructuras de regadío, 2.000 millones a conducciones, 925 millones a presas y 905 millones a ingeniería fluvial. Mientras, por estamentos públicos, 6.414 millones atañen al Estado, 3.590 millones a las Comunidades Autónomas y 2.006 millones a Ayuntamientos y entes locales.
España destinó 292 millones a infraestructuras del ciclo integral del agua en 2017. Un ritmo de contratación con el que tardaría 39 años en resolver el déficit inversor acumulado. Ante la falta de financiación pública, las empresas demanda un modelo concesionaria que premita la captación de recursos del sector privado sin impacto en el déficit público, al tiempo que abogan por universalizar e implantar la tarificación de los servicios del agua y la introducción de tarifas progresivas.
