La caída de los precios del petróleo dejó en evidencia el desequilibrio estructural que Petróleos Méxicanos (Pemex) inició hace ya varios años y que la ha llevado a hundirse en números rojos y perder un 30% de su producción. La complicada situación financiera y de liquidez que atraviesa la antigua empresa paraestatal ha llevado al Gobierno de Enrique Peña Nieto a aprobar dos ajustes al gasto de 162.000 millones de pesos (8.130 millones de euros al cambio actual) y un rescate de 123.500 millones de pesos (6.236 millones de euros) en los últimos doce meses, para sanear la compañía y ponerla en condiciones de competir en un mercado abierto.
Y es que la reforma energética permite a las petroleras internacionales operar en México, lo que implica que Pemex tendrá competencia por primera vez en 78 años, obligándola, más que nunca, a reducir su tamaño, sus gastos y ganar flexibilidad para ser rentable.
Pemex, que perdió 30.315 millones de dólares en 2015, después de que se sus ingresos cayeran un 37 por ciento y los gastos subieran, aprobó a finales de febrero un segundo recorte de 100.000 millones de pesos (5.000 millones de euros) y nombró un nuevo director general, José Antonio González Anaya, con el objetivo de reducir la obesidad en su aparato productivo. El plan de ajuste incluye un nuevo recorte de plantilla (en 2015 se eliminaron 14.333 puestos de trabajo, dejándola con 145.741 empleados), el cierre o aplazamientos de proyectos y pozos no rentables, la venta de activos, la búsqueda de socios privados y la migración de contratos a los nuevos sistemas para que sean flexibles.
La última semana de abril se va a celebrar una reunión del Consejo de Administración de Pemex, en la que se tiene que aprobar medidas relacionadas con los ajustes y la reestructuración. Por un lado, se replanteará las relación con el sindicato ya que la elevada plantilla (utiliza más empleados que ninguna otra petrolera para producir un barril) y los elevados costes no le permiten competir en un marco de apertura de mercado y bajos precios. A su vez, la empresa tiene que hacer un ajuste para replantearse sus prioridades (explotación y producción) y el objetivo es que sea más pequeña y eficiente. Se ha puesto sobre la mesa la venta del negocio de fertilizantes, de etileno o de los activos como los complejos petroquímicos. También se ha planteado la entrada de inversores privados en estos negocios.
La fuerte inversión en empresas del sector de los fertilizantes, del que se salió hace años por ser inviable, es una de las cosas que más se critica a la anterior dirección, ya que se gastó mucho dinero, en efectivo y en deuda, en comprar activos que no van a producir hasta dentro de mucho tiempo. Esos negocios no son prioritarios. "En 2014 y 2015, Pemex adquirió dos plantas fertilizantes, en un momento en los que la situación era mucho más complicada por la escasez de recursos y había otras prioridades de inversión", señalan los especialistas del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado de México (CEESP).
El 'rescate' del Gobierno
Además de los recortes al gasto, la semana pasada, el Ministerio de Hacienda de México dio a conocer las medidas de apoyo del Gobierno Federal a Pemex que consiste en una inyección de 73.500 millones de pesos y la modificación del régimen fiscal que le permitirá una mayor deducción de costes y reducir el pago de derechos (impuestos) que tiene que realizar al Ejecutivo cada año.
Esta medida ajusta el precio promedio del crudo que se utiliza para calcular el derecho que paga al erario público, al pasar de un promedio de 3 dólares por barril a 6,1 dólares en pozos de aguas someras y 8.3 dólares en pozos en tierra. Con esto, se estima que el ahorro podría ser del 50.000 millones de pesos, lo que eleva el apoyo total del Gobierno a los 123.500 millones de pesos. Los apoyos de Pemex están condicionados a que reduzca su pasivo circulante y deuda con proveedores y contratistas, que alcanza los 140.000 millones de pesos. "Sin duda la empresa petrolera tiene un arduo trabajo que hacer en materia de lograr un acuerdo para modificar el contrato colectivo de trabajo que le permita una disminución de las obligaciones por concepto de pensiones y jubilaciones en el medio plazo, además de los avances que se logren en el pago de sus adeudos a proveedores, que son parte de las condicionantes de los apoyos que recibe", explica CEESP.
Aunque los expertos consideran que las medidas aprobadas son "insuficientes" para salvar Pemex, que arrastra una deuda financiera neta de 80.470 millones de dólares, ya que no compensa las pérdidas de 30.000 millones de dólares de 2015 ni soluciona los problemas estructurales que arrastra la petrolera como la caída del índice de restitución de reservas, el desplome del 30 por ciento en la última década de la producción hasta los 2,24 millones de barriles diarios o el déficit de más de 100.000 millones de pesos al año en el sistema de refinanciación (un negocio que también podría vender), éstas son positivas ya que dan tiempo a la compañía que dirige Anaya para tomar decisiones.
"Pemex no tiene dinero en la caja chica y por eso no puede pagar a sus proveedores. Estos problemas de liquidez le impiden resolver sus problemas estructurales. Por eso es tan importante la inyección aprobada por el Gobierno. Los recursos frescos que llegan a Pemex le dan margen para seguir operando en el medio y largo plazo y les da tiempo para ejecutar los ajustes y transformarse en una empresa rentable que pueda competir en el mercado abierto, un reto complicado", explica a este diario Arturo Carranza, consultor de la firma mexicana Solana Consultores.
