Nuevo varapalo al negocio inmobilario. La supresión de las ayudas a los promotores de vivienda de alquiler social, ya sean públicos o privados, que baraja el Gobierno tendrá un impacto superior a los 500 millones de euros y, lo que es más dramático, podría suponer el cierre de muchas empresas que dependen de esta subsidiación para afrontar sus préstamos hipotecarios con la banca.
Como reconoce el presidente de la Asociación de Promotores Constructores (APCE), José Manuel Galindo, "se han cambiado las reglas de juego a mitad de la partida y hay promotores que sin esta ayuda no podrán amortizar la deuda con sus bancos".
En ese sentido, la enmienda 105 del PP al proyecto de Ley de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas "colada en el último momento", según los afectados, contempla la eliminación con carácter retroactivo de las ayudas que reciben, ya sea por metro cuadrado construido o por las ayudas en las cuotas hipotecarias que pagan estos promotores.
También el presidente de la Asociación Española de Promotores de Vivienda Pública (AVS), Pablo Olangua, hace balance de una medida que, en su opinión, llega en el peor momento, "ya que la venta de pisos está paralizada y esta subsidiación daba solvencia a las empresas para poder aguantar", dice mientras recuerda que "nos ocupamos de un sector de la población muy vulnerable, que nos obliga a hacer rebajas de precios, hacer frente a impagos y a buscar soluciones para no desalojar a los inquilinos".
Según Olangua, si la enmienda popular prospera en el Senado, obligará a las empresas a acometer unos aportes extraordinarios de financiación imposible de aplicar para muchas de ellas en este momento. "Sólo esperamos que el Gobierno dé marcha atrás", avisa.
Para Galindo, además de los promotores e inquilinos (afectados directos) habría una lista de afectados indirectos entre los que se encuentran el ICO, bancos como el BBVA, que se hizo con la cartera del banco hipotecario, o las nacionalizadas. De hecho, fuentes de la banca aseguran que miran la enmienda con preocupación, ya que está podría disparar la morosidad de estos promotores. "El agujero que puede causar a las entidades financieras puede ser impresionante", reconocen.
La medida afectaría también a las fundaciones, públicas y privadas, e inversores que en su momento apostaron por este producto regulado con una normativa atractiva. "Compraron paquetes de este tipo de activos con una ley que ahora se les cambia, lo que genera una gran inseguridad jurídica y falta de confianza del capital extranjero en nuestro país", advierte preocupado el presidente de los promotores.
Desde el PSOE, el ponente de la comisión de Vivienda en el Senado, Juan Manuel Fernández, asegura que la nueva ley, que podría ser aprobada en el Pleno del Senado el 8 de mayo, deja "en el aire" miles de promociones. El senador socialista subrayó las nefastas consecuencias de la medida en todos los municipios donde los ayuntamientos cuentan con estas subvenciones para facilitar el acceso a la vivienda a familias con pocos recursos.
Adiós a las subvenciones para promotores de alquiler
