Muface vuelve a estar en el punto de mira. El sindicato mayoritario entre los funcionarios, La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), ha anunciado que movilizará a los mutualistas el próximo mes de septiembre por el empeoramiento en los servicios que reciben los empleados públicos.
Argumentan que prueba de ello son los más de 65.000 personas las que se han pasado de la opción de cobertura privada de salud hacia la sanidad pública a través del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en tan solo seis meses.
Ya en el 2024, la pública fue ganando terreno a la opción privada. Las razones principales son porque el 70% de los nuevos funcionarios, fundamentalmente más jóvenes que la media (57 años), preferían la sanidad pública frente al servicio de las aseguradoras.
Este movimiento se ha acentuado en junio debido a la salida de DKV del concierto. La compañía dirigida por Fernando Campos tenía 200.000 mutualistas adheridos, los cuales han tenido que optar por una de las dos entidades que permanecen (Adeslas o Asisa) o bien la sanidad pública. La mutualidad no detalla exactamente el movimiento de esas 200.000 personas, pero sí que lo hace en el cómputo general: y es que Adeslas y Asisa han ganado unos 70.000 asegurados cada una, mientras el INSS se ha llevado otras 60.000 personas.
Esto implica que ya más del 36% de los funcionarios del Estado prefieran la opción pública frente a la de las compañías, cuyo peso está en el 63,6%. Este viene descendiendo a lo largo de los años. En los últimos quince, ha habido una rebaja de hasta 20 puntos porcentuales con prácticamente el mismo número de mutualistas.
Desde CSIF aseguran que la inestabilidad por la aprobación del último concierto ha influido en la decisión, pero también "a la reducción registrada en la calidad asistencial, la reducción de los cuadros médicos denunciada por nuestros mutualistas y de la que Muface rechaza informar con transparencia, los problemas de asistencia en el medio rural y la delicada situación financiera de la mutualidad".
La tesorería, casi a cero
Además de a las aseguradoras, Muface tiene una serie de costes que van a su cargo y no corren por cuenta de las entidades privadas. Estos gastos van desde el copago farmacéutico, la farmacia hospitalaria, las incapacidades, hasta ayudas para prótesis y tratamientos dentales.
Para ello, además de la financiación proveniente del Estado (la gran mayoría de los fondos de Muface provienen de ahí), también tiene otros métodos, como retenciones a los mutualistas (al estilo del IRPF). Pero como los principales ingresos corren a cargo del Estado, y estos no tienen unos presupuestos generales actualizados, la elaboración del nuevo concierto ha provocado un agujero económico en la mutualidad.
Muface partía de una tesorería en 2024 de 282 millones de euros, la cual a junio de este año se ha reducido a menos de 8 millones de euros. El gran culpable es la financiación a las aseguradoras, ya que se han extraído 228 millones para pagarlas, así como se han traspasado 57 millones desde Hacienda.
El otro gran agujero son los costes farmacéuticos, tanto copagos como gastos hospitalarios. Aquí ya se ha consumido el 88% del presupuesto para el primer concepto y el 70% del segundo cuando solo ha transcurrido la mitad del año.
Ante esta situación CSIF reclama al Gobierno una adaptación del copago a los pensionistas en línea con el del Sistema Nacional de Salud, a la vez que promete movilizaciones a la vuelta del verano por la "crítica situación de Muface".